Castellón no pagará a un ex alcalde de Benicàssim por una expropiación que avalaron Gimeno y Fabra

El Ayuntamiento de Castellón no pagará al ex alcalde de Benicàssim Alejandro García los 100.000 euros que, en concepto de expropiación y lucro cesante de un local cerrado siete años antes, pretendía pagarle, en 2002, el equipo de gobierno liderado por José Luis Gimeno, en el que el hoy alcalde Alberto Fabra era responsable de Urbanismo. Tres años después, la Junta de Gobierno local ha estimado las alegaciones presentadas por el portavoz del grupo municipal socialista, Ignacio Subías, en las que solicitaba que el consistorio excluyese la indemnización por dicha actividad ya que "no se ajusta a derecho". El portavoz socialista exponía en sus alegaciones que el Ayuntamiento pretendía expropiar unos bienes inmateriales "que dejaron de existir en 1995" y hacía mención a la pretensión del equipo de gobierno de abonar la expropiación a Alejandro García, que no era titular del inmueble cuando se anunció el pago de la indemnización ni cuando la actividad aún estaba en marcha.

La decisión tomada por el equipo de gobierno en 2002 para el pago de más de 100.000 euros se basó en un convenio que José Luis Gimeno y el propio Alejandro García firmaron en 1995, sin aval de funcionario público alguno. Este documento obligaba al segundo al cierre de la "sala de baile", mientras que el primero se comprometía a "dar las órdenes oportunas a los servicios técnicos" para que se otorgara una indemnización por el traslado de la actividad y el lucro cesante de la discoteca "dentro de los trámites expropiatorios". A la existencia de este "irregular" convenio, tal como lo calificaron entonces los socialistas, se unió otro hecho también denunciado por Ignacio Subías, ya que el equipo de gobierno maniobró para "forzar" una expropiación que no le correspondía pagar. Tal como explicó, la empresa titular del inmueble, donde años atrás se ubicó la discoteca, presentó una solicitud de licencia de derribo, con lo que asumía el coste de la alineación de la calle. Sin embargo, poco después, el Ayuntamiento inició el expediente de expropiación, con lo que hacía suyos los costes.

Después de que el entonces concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, asegurara que la indemnización era legal, los informes jurídicos dieron la razón a los socialistas y rechazaron continuar con la expropiación. La pasada semana, tres años después, el gobierno municipal comunicó a los socialista la estimación de sus alegaciones.