El Gobierno suprime el derecho de veto que mantenía sobre cuatro empresas

La acción de oro, instrumento de control que se reserva el Estado desde 1995 sobre las compañías privatizadas, fue derogada ayer por el Gobierno para acatar una sentencia de mayo de 2003 del Tribunal de Justicia de la UE que declaró ilegal la norma española. Telefónica, Repsol YPF, Iberia y Endesa aún mantenían este sistema, que permitía al Ejecutivo vetar cambios significativos en el capital o el funcionamiento de los antiguos monopolios. La acción de oro nunca se llegó a utilizar, pero la posibilidad de hacerlo bastó para frustrar la fusión de Telefónica con KPN en 2000.

La derogación de la acción de oro será tramitada como ley, por lo que el Consejo de Ministros aprobó ayer enviar el proyecto, con carácter de urgencia, al Congreso. Con la supresión de esta norma se pone fin a una larga polémica que se ha desarrollado entre Madrid y Bruselas desde 1998, pero que también ha afectado a otros países europeos con normativas similares, como Francia, Reino Unido o Italia.

"En la actual situación", los controles públicos resultan ya "innecesarios" y mantenerlos "podría suponer un lastre para el funcionamiento de las empresas" en las que se mantenía esta potestad y que ya están privatizadas, explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, informa Efe.

La derogación de la acción de oro supone adelantar la fecha de caducidad de este régimen, que en el caso de Repsol YPF se iba a producir el 6 de febrero de 2006, en Iberia el 3 de abril de 2006, en Telefónica el 18 de febrero de 2007 y en Endesa el 8 de junio de 2007. Respecto a la eléctrica, fuentes financieras citadas por Efe aseguran que este hecho no afectará al calendario de la oferta pública de adquisición lanzada por Gas Natural sobre Endesa. Tabacalera (actual Altadis), Argentaria (entidad fusionada ahora en el BBVA) e Indra también tuvieron acción de oro hasta 2000, 2001 y 2004.

Decisión forzada

El Gobierno se ha visto forzado a acelerar el fin de la acción de oro para acatar la petición de Bruselas, que en julio pasado exigió a Madrid que ejecutara la sentencia de mayor de 2003 del Tribunal de Justicia de la UE que consideraba que la legislación menoscababa "gravemente" la libre circulación de capitales.

Bruselas ha instado en dos ocasiones a España a cumplir el fallo, bajo amenaza de multa de hasta 50 millones de euros. En 2003, el Gobierno el PP, con Rodrigo Rato como ministro de Economía, modificó la Ley de Privatizaciones de 1995 para trasladar la sentencia que fue insuficiente, según la Comisión. Recientemente, el Ejecutivo del PSOE, con Pedro Solbes como ministro de Economía, envió otra propuesta de modificación, que también fue rechazada y se ha optado por la derogación.

Para suprimir la norma, se tiene que derogar el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas que estableció esa Ley de Privatizaciones de 1995. El Gobierno remitirá ahora un escrito a la Comisión en el que le informará de que el proceso para acatar la sentencia se ha iniciado.

La acción de oro ha sido una norma controvertida con unas reglas establecidas para su aplicación (véase gráfico). Pero lo cierto es que, como recordó ayer la vicepresidenta Fernández de la Veja, "nunca había sido utilizada". Al menos, formalmente. Aludiendo a la acción de oro, el Gobierno del PP vetó en mayo de 2000 la fusión de Telefónica y la compañía de telefonía holandesa KPN, alegando que el Estado holandés tenía un 43%.

Ésta no es la única norma restrictiva que permitía al Gobierno intervenir en operaciones empresariales. El ex ministro Rato vetó en mayo de 2001 la compra de Hidrocantábrico por parte de la alemana EnBW y la portuguesa EDP. Para ello recurrió a una disposición adicional de la Ley de Presupuestos de 2000 que fija que cuando una empresa con capital público (tanto EnBW como EDP) entra en el capital de una compañía que realice su actividad en el mercado energético, sus derechos políticos en la adquirida no pueden superar el 3%.