Una práctica habitual en la UE

Cerca de 140 empresas de la Unión Europea todavía tenían este verano acción de oro, un derecho de veto que Bruselas considera incompatible con el principio comunitario, según el primer informe de la Comisión sobre estos derechos especiales, publicado en julio.

Telecomunicaciones, energía, correos, banca o seguros son los sectores en los que están presentes las empresas con acciones de oro. Éstas son más habituales en la República Checa, Polonia y Hungría, aunque han reducido el número en los últimos años. También hay en Italia y el Reino Unido.

Se conoce con la expresión acción de oro (golden share, en inglés) el derecho de decisión sobre determinadas operaciones que se reserva un Estado cuando privatiza una empresa y que le otorga un poder de hecho superior al del Consejo de Administración de la sociedad.

El funcionamiento y alcance de las acciones de oro ha variado de un país a otro, y en ocasiones ha dado el derecho a los Estados a tener la última palabra a la hora de aprobar acuerdos de fusión y escisión, disolución, venta de activos básicos, cambio de objeto social, compras y ventas de paquetes importantes de acciones o expansión de la sociedad.

Habitualmente, el argumento utilizado para justificar este mecanismo es que algunas sociedades gestionan recursos escasos de interés nacional sobre los que el sector público debe continuar velando.

El primero en usar la golden share fue el Reino Unido en 1984, con la privatización de British Telecom durante el Gobierno de Margaret Thatcher. Dos años más tarde, Francois Mitterrand trasladó el modelo a Francia bajo el nombre de action spécifique, modificada en 1993 por el Gobierno de Édouard Balladur.

El 13 de mayo de 2003, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó los regímenes español y británico que regulaban este privilegio, y que entonces afectaba, por parte de los britránicos, a la empresa British Airports Authority (BAA).