El futuro nos pertenece

Eleanor Roosevelt afirmó que "el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de los sueños". Desactivar los factores culturales que mantienen la violencia sobre la mujer, en este momento histórico, ha pasado de ser un "sueño" a ser un objetivo prioritario de los poderes públicos, y esto merece una valoración positiva en el Día Internacional que nos recuerda el sufrimiento silencioso de muchas mujeres.

Desde principios del año 2005, la sociedad española posee una ley que realiza un diagnóstico de las diferentes causas del problema y dispone medidas legales para introducirse en ellas, con la finalidad de reducirlas de manera progresiva. No es tarea fácil ni tarea de un día, pues se trata de romper con los "papeles o roles" de obediencia, sumisión y dependencia, que siglos de historia han venido adjudicando a las mujeres casadas o vinculadas al hombre.

La vigente ley supone un gran avance respecto de la normativa anterior. Al afirmar que la violencia contra la esposa o la pareja es manifestación de la discriminación y de las relaciones de poder, el legislador ha asumido la "perspectiva de género" como instrumento de análisis de la realidad y como instrumento de promoción de la igualdad real entre hombres y mujeres.

Pues bien, tenemos la norma y próximamente cumplirá un año de vigencia. ¿Podemos hacer balance de sus efectos? En el mundo jurídico sabemos que, a veces, las leyes mueren por inanición e inaplicación de sus medidas. La explicación más inmediata suele anudar la falta de eficacia de las leyes con la insuficiencia de recursos económicos necesarios para ponerlas en marcha. Ciertamente, sin dotación presupuestaria nos encontramos con declaraciones de intenciones.

Leyes como la Ley Integral contra la Violencia de Género, por su complejidad y ambición de objetivos -hacer realidad el derecho a la igualdad de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar- además de un importante esfuerzo presupuestario de los poderes públicos, exige una labor de formación y sensibilización que permita superar posibles resistencias fácticas a las acciones positivas que ha introducido. Resistencias que, en numerosos casos, responden a la falta de comprensión de la vinculación existente entre "violencia y discriminación" en este fenómeno de la violencia de género en la pareja.

Por ello, en una sociedad democrática dinámica como la nuestra -no porque nos guste la retórica, sino porque el artículo 9.2 de la Constitución lo impone- resulta necesario mantener la tensión y atención social y política sobre ella; del mismo modo que resulta conveniente alimentarla, periódicamente, con valoraciones sobre su incidencia en la realidad y propuestas de mejora.

Una de las medidas más significativas de refuerzo en la tutela judicial ha sido la creación de los Juzgados de Violencia sobre la mujer. En Andalucía se crearon tres dedicados exclusivamente a esta materia (Granada, Málaga y Sevilla) y en el resto de partidos judiciales uno de los Juzgados asumió la misma competencia "compatibilizándola" con el despacho de otros asuntos penales no relacionados con la violencia de género.

Entraron en funcionamiento hace apenas cinco meses -el 29 de junio- y por ello el balance sobre su funcionamiento necesariamente ha de ser provisional, no definitivo. En este tiempo se ha podido advertir que la existencia de un concreto juez o jueza que conozca de las denuncias de las mujeres contra sus esposos o compañeros, ha permitido una respuesta judicial más rápida y ágil: en el mismo día o en los inmediatos se toma declaración a la víctima y al denunciado, se adoptan medidas de protección si existe riesgo para la denunciante o los hijos, e incluso se dicta sentencia.

También hay deficiencias de funcionamiento que corregir. Obviamente se han presentado problemas lógicos y previsibles derivados del encaje de un nuevo órgano judicial en una estructura judicial que estaba consolidada, pero son deficiencias que han de corregirse con la adecuada coordinación entre estos jueces de violencia y aquellos que los sustituyen (los que están de guardia) o aquellos con los que pueden relacionarse en determinados momentos, como son los Juzgados de Familia. Son problemas propios de la entrada en funcionamiento de cualquier estructura organizativa nueva, que se podrán solucionar con normas internas de relación entre ellos; y, por supuesto, con el refuerzo de otros Juzgados en aquellas localidades que el volumen de denuncias lo está demandando.

Pero no basta con reivindicaciones de nuevos recursos materiales y humanos.No olvidemos que las instituciones y organizaciones están integradas y ocupadas por personas; y que, en buena parte, dependerá de nuestra actitud y disposición el mejor o peor rendimiento de las leyes. Hasta ahora, los jueces y juezas andaluces, por lo general y en este balance provisional, están respondiendo al nuevo reto y tramitan las denuncias de manera ágil y rápida. Podemos mejorar y sin duda así será, si se persiste en la sensibilización y formación de todos los que trabajamos en esta materia.

La violencia de género en el ámbito familiar no se reduce o elimina en cuestión de días, pero esperamos que la Ley Integral haya puesto en marcha el motor que lo permita. Estamos en el punto de salida de una larga carrera de fondo. El anhelo es llegar al final. En la meta puede que se haga realidad el derecho de muchas mujeres a vivir sin violencia y en libertad, como seres humanos.

Inmaculada Montalbán Huertas es magistrada del Tribunal Superior de Justicia Andalucía y experta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). .