La Fiscalía de Valencia denuncia a Terra Mítica por una trama de facturas falsas

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha presentado una denuncia contra 17 empresas acusadas de formar una trama de falsificación de facturas por un valor de 4,4 millones de euros en los ejercicios de 2000 y 2001. Entre las sociedades denunciadas está Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA, que habría aceptado facturas por servicios no realizados. Entre los 25 imputados figuran tres consejeros del parque temático y el empresario Vicente Conesa, que fue relacionado con adjudicaciones irregulares en Benidorm siendo alcalde Eduardo Zaplana.

El coordinador de delitos económicos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Carrasco, recibió en junio 70 cajas con la documentación de la inspección realizada por la Agencia Tributaria a varias empresas por supuesto fraude en los impuestos del IVA y de sociedades. La investigación que, desde entonces, ha realizado la fiscalía se convirtió ayer en una denuncia presentada en los juzgados de Valencia. En ella, la fiscalía denuncia a 17 empresas "como un grupo de sociedades que habrían desarrollado una trama organizada que permitía, a través de la falsificación de facturas, una defraudación a la hacienda pública en los ejercicios 2000 y 2001 por un importe inicial de 4.421.319 euros".

La denuncia imputa esos hechos inicialmente a 25 personas, entre ellas, Vicente Conesa Fernández-Vitorian, conocido empresario de Alicante; Antonio Vicente Moreno Carpio; José Luis Rubio Sánchez, y tres miembros de los 23 integrantes del consejo de administración de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA. La fiscalía no quiso facilitar los nombres relacionados con dicha sociedad (participada por la Generalitat valenciana con un 20%, y las cajas de la comunidad, CAM y Bancaja, con otro 20% cada una). Sin embargo, precisó que no se halla implicada ninguna de las entidades financieras presentes en el consejo.

El fiscal que recibió el asunto explicó que de lo que se conoce hasta ahora se deduce que el supuesto delito fiscal a través de falsificación de facturas se orquestó a través de un grupo de empresas estructuradas con la participación de sociedades pantalla. La investigación de la Agencia Tributaria se concentró en 12 entidades. La fiscalía, un mes después de ponerse sobre el asunto, la amplió hasta 30. Finalmente, considera que el núcleo de la trama está en seis: Altos del Carrichal, SL; Gribal, SA; Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, SA; C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente, SL; Excavaciones Escoto, SL, y Terra Mítica Parque Temático de Benidorm. A ésas se añaden otras once, de las cuales algunas no consta que hayan tenido actividad alguna y en otras aparece una actividad que en nada tiene que ver con los servicios supuestamente prestados, facturados y cobrados. Por ejemplo, según fuentes de la fiscalía, una empresa dedicada a la fabricación y venta de lámparas aparece como proveedora de un servicio millonario de construcción.

Antecedentes

El ministerio público casi ha duplicado la cantidad supuestamente defraudada que inicialmente señaló la Agencia Tributaria, de 2,4 millones de euros. En el rastreo de facturas no es Terra Mítica el centro de la trama, pero sí está claro para la fiscalía que Terra Mítica emitió facturas por trabajos de excavación y ajardinamiento en el parque que no se han realizado. El parque temático tuvo un sobrecoste de 210 millones de euros que le llevó a la suspensión de pagos. En un comunicado emitido ayer, Terra Mítica asegura que "todos los pagos en la fase de construcción están perfectamente contabilizados".

Fuentes de la fiscalía apuntan a que el nudo de la trama gira alrededor de la familia Conesa-Ripoll. El empresario Vicente Conesa (aparece al menos en dos de las empresas implicadas: Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, SA, y C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente) obtuvo en 1995 dos adjudicaciones irregulares para realizar un mapa sonoro y un mapa verde de Benidorm cuando Eduardo Zaplana era alcalde. Además, Conesa fue identificado como el interlocutor en una conversación con Vicente Sanz, entonces presidente provincial del PP de Valencia y hoy directivo de la televisión autonómica, en la que aludía a una presunta mordida en aquellas adjudicaciones por valor de 100.000 euros.