150 vecinos del Carmel regresarán a sus casas en los próximos 10 días

Unos 150 vecinos del barrio barcelonés del Carmel podrán volver a sus casas en los próximos 10 días, según la Delegación del Gobierno. Las obras de recimentación de diversos edificios están a punto de concluir. Está previsto que un grupo similar regrese antes de finales de año. En enero de 2006 sólo quedarán por realojar unas 200 personas de la denominada zona amarilla, la más afectada por el socavón.

Dos inmuebles, uno situado en la calle de Sigüenza y otro en la calle del Llobregós, son los que se encuentran en una fase más avanzada, a la espera de pulir los últimos detalles, según concretaron los abogados de los vecinos. Este grupo de 150 personas, que regresarán a sus hogares tras casi un año de exilio forzado por el hundimiento de un túnel de la línea 5 del metro, se suman a las 738 que ya lo han hecho.

Según fuentes del Departamento de Política Territorial, los trabajos "en siete u ocho edificios" están casi acabados.

Pero por ahora 538 personas permanecen desalojadas y aguardan el regreso a sus viviendas. De éstas, 323 se encuentran en régimen de alquiler y 148 siguen alojadas en hoteles. Esto supondrá un gasto adicional a los 5,3 millones de euros que ya ha desembolsado la Generalitat para pagar las estancias en 10 hoteles. Otros 33 desalojados viven con familiares y 34 más se hallan en otro tipo de situación, por ejemplo en segundas residencias.

Según los últimos datos de la Delegación del Gobierno, de los 1.276 afectados, el 96% ya han recibido la indemnización. El pasado fin de semana, la Generalitat hizo pública la existencia de falsas peticiones de indemnización, irregularidades que, según el Departamento de Bienestar y Familia, motivaron la expulsión de 37 personas del censo de afectados. Ante la noticia, los vecinos expresaron división de opiniones, aunque reconocieron casos de "picardía".

Algunos vecinos piensan que quienes han intentado defraudar al erario público son una minoría y creen que la noticia obedece a una estrategia del Gobierno para acallar las reclamaciones en el barrio. Pero otro grupo opina que los casos de picaresca han sido flagrantes, sobre todo en los hoteles. Una de ellos es Beatriz Coberías, vecina del número 4 de la calle de Calafell. Aún no ha podido volver a su casa y vive en un piso de alquiler. Antes, estuvo dos meses alojada en un hotel y vio como "los chicos se traían a su novia a dormir, la gente traía a primos y tíos a comer, y se llevaban botellas de vino, y eso casi cada día".

Según la abogada Mari Carmen Pérez, que ha llevado el caso de 250 afectados del Carmel, de las 37 personas expulsadas del censo, sólo "una minoría" ha intentado defraudar. A su juicio, el problema son los criterios aplicados por la Generalitat para otorgar la condición de afectado. Pérez afirmó que algunos vecinos se habían trasladado al Carmel pocos días antes de que se produjese el hundimiento del túnel. Por ello no estaban inscritos en el padrón municipal.

Además, tampoco disponían de recibos ni facturas para demostrar que eran vecinos. Pérez atiende a dos de los siete vecinos que han presentado recurso contra la decisión de la Administración de retirarles del censo de afectados. Miquel Martín, dueño de un piso en el número 9 de la calle de Calafell, considera que es una de las 37 personas señaladas por la Generalitat. Reconoce que no era vecino del Carmel y por tanto no puede percibir dietas, pero reclama su derecho a obtener "una vivienda de protección oficial" por su condición de dueño y asegura haber reclamado sin obtener respuesta.