El Consell abre la puerta a la proliferación de casinos vinculados a tres licencias provinciales
La ley de acompañamiento reordena el sector ante la adjudicación de una sala en Castellón
La inminente adjudicación de una licencia para explotar un casino de juego en la provincia de Castellón, antes de tres meses, llega acompañada de una significativa modificación en la regulación legal del sector que abre la puerta a la proliferación de salas de juego en toda la Comunidad Valenciana. La ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2005 incluye un nuevo artículo de la ley de juego que establece que "podrá autorizarse a cada uno de los casinos de juego la instalación de una o varias salas situadas fuera del complejo... que funcionarán como apéndice".
El futuro dibuja una oferta que girará en torno a nueve salas en todo el territorio
La Comunidad Valenciana alberga dos casinos de juego desde los primeros años de la transición democrática. El Casino Monte Picayo, ubicado en el término municipal de Puçol (Valencia), está gestionado por el grupo Cirsa, uno de los dos grandes operadores del sector de las máquinas tragaperras en España. El Casino Mediterráneo, en el término municipal de La Vila-Joiosa (Alicante), está gestionado por Acrismatic, otra operadora de máquinas tragaperras que mantiene una importante presencia en el sector en territorio valenciano.
Ambos casinos explotan sendas salas anexas. Una en Gandia, vinculada al Casino Monte Picayo, y otra en Torrevieja, vinculada al Casino Mediterráneo. Hasta la fecha, las salas anexas debían situarse a una distancia mínima de 60 kilómetros de la sede principal.
Pero la inminente adjudicación de una licencia para explotar un casino en la provincia de Castellón en el primer concurso público abierto que ha convocado desde que se distribuyeron las primeras concesiones ha provocado movimientos en el sector que se reflejan en la incorporación de un nuevo artículo en la ley de juego.
La modificación establece que "podrá autorizarse a cada uno de los casinos de juego la instalación y funcionamiento de una o varias salas que, formando parte del casino de juego, se encuentren situadas fueras del recinto o complejo donde esté ubicado el mismo, en el número, distancia, periodo y condiciones que reglamentariamente se determinen. Dichas salas funcionarán como apéndice del casino del que formen parte, y en ella podrán practicarse juegos exclusivos de casinos".
La Memoria 2004 de la Comisión Técnica del Juego del Ministerio del Interior apunta que el número de visitantes que reciben el conjunto de casinos españoles ha descendido paulatinamente desde 1990 y se cifraba en 2003 en poco más de tres millones de clientes, cifra que arroja un descenso superior al 10% en 13 años.
Sin embargo, el mismo documento señala que un ligero repunte de visitantes en el ejercicio 2003 que atribuye a un nuevo casino abierto en Panticosa (Huesca), que acogió a 3.154 clientes, y a las salas anexas a los casinos de la Comunidad Valenciana que aportaron 69.679 clientes al conjunto de salas de juego. Los dos casinos valencianos recibieron a lo largo de 2003 a un total de 357.334 clientes, con un alza superior al 30% respecto a 2002.
Pero la competencia aprieta. Los gestores del Casino Monte Picayo han suspirado por la posibilidad de abrir una sala en la ciudad de Valencia desde hace años. La celebración de la Copa del América constituye un argumento a favor del traslado que, según un asesor de Ejuva (Asociación Empresarial de Juegos Legalizados) podían haber solicitado sin vulnerar la ley.
El reglamento que debe establecer el número de salas anexas que podrá explotar cada casino aún no se ha aprobado. Los representantes de los casinos piden hasta cuatro salas anexas por provincia. Los representantes de las salas de bingos piden que se restrinja a dos. La actual redacción del reglamento establece que se podrán abrir tres salas anexas por provincia.
Las salas anexas podrán funcionar durante nueve meses al año y dispondrán, como mínimo, de tres mesas de juegos de bola y cuatro mesas de juegos de naipes, siempre de acuerdo a la redacción provisional del reglamento que desarrolla la modificación de la ley del juego.
Las nuevas salas dispondrán de servicios de admisión y control, tendrán un aforo mínimo para 300 personas y podrán ofrecer, como máximo, el 50% de los juegos autorizados a cada gestor provincial.
La ciudad de Valencia es el primer objetivo. Dos fuentes vinculadas al sector señalan que el Ayuntamiento de Valencia apuesta por ubicar una sala de juego en alguno de los grandes hoteles que se construyen en la Avenida de las Cortes, cerca del Palacio de Congresos y posible ubicación del futuro estadio del Valencia CF.
La posibilidad de ubicar una segunda sala en las proximidades del Puerto de Valencia, como atractivo para el público que atraerán las regatas de la Copa del América, es una segunda opción. Ambos expertos sugieren que es factible ubicar una segunda sala de juego próxima al puerto sobre suelo del término municipal de Alboraia.
El Casino Mediterráneo, que explota con éxito una sala anexa en la localidad de Torrevieja, dispone de poco margen. Los expertos dividen las opciones entre la ciudad de Alicante o alguna localidad de la Marina Alta, como Xàbia o Dénia.
El futuro parece dibujar una oferta que gira en torno a nueve salas de juego que cubrirán todo el territorio valenciano, una por cada medio millón de habitantes, cuatro en la provincia de Valencia, tres en Alicante y dos en Castellón.
Un consuelo y una restricción
La ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2006 introduce otras dos modificaciones notables en la actual redacción de ley de juego, un consuelo y una restricción.
La primera está dirigida a satisfacer una histórica exigencia de los gestores de salas de bingo, un sector en caída libre desde hace años que es el mayor perjudicado por la proliferación de salas para practicar juegos propios de los casinos.
Hasta la fecha, las salas de bingo pagaban la tasa correspondiente a su actividad, un 28% de sus ingresos por venta de cartones, al comprar series completas de cartones autorizados a la Comisión Técnica del Juego.
Los empresarios del bingo mantienen desde hace años que son los únicos que pagan (devengan) impuestos antes de obtener los ingresos correspondientes al ejercicio de su actividad, cuyo grueso reside en la venta de cartones.
La modificación que introduce la ley de acompañamiento fija la tasa que grava todos los ingresos por juegos de azar en el 28% y añade: "El ingreso de la citada tasa se realizará entre los días 1 y 20 del mes siguiente al de la adquisición de los correspondientes cartones de bingo".
"El aplazamiento habría sido un revulsivo hace tres o cuatro años, ahora apenas tendrá incidencia", apunta un asesor de Ejuva, la asociación que agrupa mayoritariamente a los empresarios valencianos de bingo.
La restricción apenas resulta visible. Un nuevo apartado de artículo de la ley de juego establece que "en los locales autorizados para la instalación de máquinas tragaperras y de azar sólo podrán explotarse juegos autorizados por la consejería competente". La aparente obviedad está encaminada a restringir los puntos de venta de una lotería automática que distribuirá la ONCE a partir de enero de 2006 y denominada Rasca-rasca. La nueva lotería no podrá venderse ni en los bares que cuentan con máquinas tragaperras ni los salones de juegos recreativos puesto que no ha sido autorizada por "la consejería competente", sino que ha sido regulado por una norma de ámbito estatal.
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