La ley de renta garantizada de ciudadanía prevé otorgar ayudas de 340 euros al mes

El Consell aprobó ayer el anteproyecto de ley de renta garantizada de ciudadanía, que prevé la concesión de ayudas de 399,82 euros al mes, destinadas a las personas con dificultades de inserción social. El proyecto legislativo, que aún tardará en ser remitido a las Cortes Valencianas, es consecuencia del acuerdo alcanzado el año pasado por el Consell y los sindicatos para regular por ley esta cuestión, que ha sido incluida en el proyecto de reforma del Estatut d'Autonomia valenciano. Los presupuestos de la Generalitat para 2006 prevén 6 millones de euros para estas ayudas.

El proyecto de ley de renta garantizada de ciudadanía responde al acuerdo alcanzado el año pasado entre el Consell y los sindicatos mayoritarios para actualizar el Plan Valenciano para el Crecimiento y el Empleo (Pavace), que incluía el compromiso de regular por ley la actual prestación económica reglada (PER), una reivindicación planteada ya por los sindicatos en 2001. Además, es un compromiso incluido en el proyecto de reforma del Estatut d'Autonomia valenciano, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

La cuantía máxima de la renta garantizada de ciudadanía ha sido establecida en el 62% del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, fijado por el Gobierno y que es el equivalente al salario mínimo interprofesional). Este indicador se cifra para el año 2005 en 469,80 euros al mes, por lo que el valor máximo de la renta garantizada de ciudadanía sería este año de 339,82 euros mensuales. La cuantía de la ayuda estará en función de los ingresos de la unidad familiar o de convivencia y del número de miembros que la compongan. La prestación se concederá por periodos de hasta 12 meses, con opción a renovarla hasta un máximo de 36 meses. Alicia de Miguel, consejera de Bienestar Social, no ofreció una cifra estimada de posibles perceptores de esta ayuda. En su proyecto de Presupuestos de la Generalitat para el año 2006 el Consell ha previsto para la renta garantizada de ciudadanía una partida de seis millones de euros, que sólo alcanzarían para conceder la ayuda -en su máxima cuantía- a unas 1.500 personas.

Los beneficiarios de estas ayudas serán todas aquellas personas mayores de 25 años o las que, teniendo menos edad, acrediten tener a su cargo a otros menores de edad o discapacitados. También podrán solicitarla los menores de 25 años y mayores de 18 sujetos al sistema de protección y al sistema judicial de reforma en los dos años anteriores a su petición. Los inmigrantes que acrediten residencia legal en la Comunidad Valenciana también podrán acogerse, así como las víctimas de violencia de género y violencia en el ámbito familiar. La ayuda irá acompañada en cada caso de la puesta en marcha de un plan familiar de inserción dirigido a conseguir la entrada de estas personas en el mundo del trabajo.