El Gobierno anula un PAI de 800 viviendas en la costa de Orihuela por invadir zona pública

El Gobierno ha anulado una urbanización con unas 800 viviendas en primera línea de playa de Orihuela, promovida por el grupo Urbincasa, por invadir la zona de servidumbre marítimo-terrestre en 80 metros. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha recurrido la orden ministerial a la Audiencia Nacional porque, de acuerdo con los parámetros del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la zona de servidumbre en ese tramo de costa es de 20 metros.

El ministerio de Medio Ambiente, en una orden de 1 de marzo de 2004, fijó una zona de servidumbre de 100 metros en el tramo de costa de la Dehesa de Campoamor, en el término de Orihuela. En esa zona se ha ejecutado desde 2002 el Plan Parcial de Ordenación Nuevas Ampliaciones 1ª y 2ª Fase de la Dehesa de Campoamor, cuya aprobación definitiva data de 29 de noviembre de 1976 por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante. El Ayuntamiento autorizó en 2002 las licencias de obras con una servidumbre de 20 metros por ser suelo urbanizable programado.

El Consistorio dio luz verde al proyecto pese a una resolución de la dirección general de Costas que advertía de la "caducidad" del plan parcial al haber transcurrido el plazo máximo de 20 años para su ejecución. La resolución de Costas, de febrero de 2000, decía: "Los terrenos en cuestión estaban clasificados como suelo urbanizable programado con el plan parcial aprobado a la entrada en vigor de la Ley de Costas. El plan de etapas del mencionado plan parcial está agotado según corroboran los órganos urbanísticos competentes. Se ha indicado al Ayuntamiento de Orihuela desde diversos organismos la necesidad de revisar el planeamiento para adaptarlo a las determinaciones de la Ley de Costas y este [el Consistorio] ha manifestado su no disposición a la modificación del mismo".

La responsable del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela, Eva Ortiz, defiende la legalidad de los acuerdos de la corporación a la hora de autorizar el proyecto. Para Ortiz, la zona de servidumbre en ese tramo de costa es de 20 metros, "como recoge el PGOU de 1990 por tratarse de suelo urbanizable", precisa. "El plan parcial no está agotado porque se retomó en 1997 con un nuevo proyecto de reparcelación", argumenta. La edil resalta que todas las decisiones del Ayuntamiento sobre esa actuación están avaladas por la Comisión Territorial de Urbanismo y el Servicio de Costa del Consell.

La concejal mantiene que el Ayuntamiento siguió adelante con la tramitación del plan, pese a la resolución de Costas, "porque no es un organismo competente en materia urbanística y, además, no se trata de una resolución o acto administrativo definitivo". El Ayuntamiento, la promotora y la Generalitat, han recurrido la orden ante la Audiencia Nacional.

El Ayuntamiento plantea su recurso en base a que la competencia en materia urbanística es de los ayuntamientos y la Administración autonómica. El Consistorio resalta que la anchura de servidumbre de 20 metros de ese tramo de costa fue informada favorablemente por Costas en julio de 1990.

La supuesta ilegalidad de la urbanización fue denunciada ante la Generalitat por un promotor de la zona en septiembre de 2003.