IU pide que sólo se permita una subcontrata y que no llegue al 30% del coste total de la obra

Once días después del accidente que costó la vida a seis encofradores en Almuñécar (Granada), la siniestralidad laboral sigue como tema central de la política andaluza. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, reiteró ayer a la Junta su oferta de pacto para impulsar un plan de choque contra los siniestros en el que además de los partidos, participen sindicatos, patronal y ayuntamientos. IU presentará en el Parlamento una proposición no de ley para que las contratistas de las administraciones públicas sólo puedan subcontratar una vez y por menos del 30% del coste de la obra.

Izquierda Unida propondrá en el Parlamento andaluz nueve medidas para limitar la subcontratación, fenómeno que considera -como los sindicatos y la Fiscalía de Andalucía- una de las principales causas de siniestralidad laboral. El objetivo de esa propuesta es frenar a "las empresas que se dedican a la calza de contratos de la administración para su enriquecimiento", según explicó su portavoz, Concha Caballero.

Todas las compañías adjudicatarias de obras públicas, deberían constar en un registro en el que se incluyan sus datos de plantilla, actividades y cumplimiento de la legislación de riesgos laborales, según Caballero, que también propuso que los pliegos de cláusulas administrativas relativos a estos contratos obliguen a las constructoras a cumplir requisitos concretos sobre seguridad laboral, estabilidad de sus trabajadores y limitación de su jornada de trabajo.

La coalición quiere que una vez adjudicado el proyecto, la compañía ganadora sólo pueda subcontratar con otra empresa una sola vez. Esa única subcontrata de obras o servicios debería ser autorizada por la Junta y no podría superar el 30% del presupuesto total de la obra, según la propuesta.

Caballero pidió también que se establezca la responsabilidad solidaria entre la empresa principal y la subcontratista, de manera que ambas respondan de los accidentes que se produzcan. La Junta, según la portavoz, debería estimular a los municipios a exigir en sus concursos de obras el cumplimiento de las medidas de seguridad y tendría que personarse en todos los juicios abiertos por accidentes laborales con resultado de muerte, de salir adelante la proposición.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Javier Arenas acusó a la Junta de conformista en materia de siniestralidad laboral y volvió a ofrecer un gran pacto sobre la materia en el acto de clausura de unas jornadas sobre prevención de riesgos organizadas por su partido en Granada.

Ese acuerdo, según Arenas, derivaría en un plan de choque contra los accidentes en el que se contaría con la participación de los empresarios, los sindicatos, los partidos políticos y los municipios, y que tendría que incluir medidas especiales para Granada, "la provincia andaluza con mayor índice de siniestralidad".

Instituto de Prevención

El líder del PP andaluz pidió al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y al grupo socialista en el Parlamento que apoyen la propuesta que los populares presentarán el próximo miércoles. Esa iniciativa prevé la creación del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía. Según Arenas, la creación de ese organismo debería admitirse a trámite como prólogo a ese gran pacto contra la siniestralidad en la región.

En cuanto a las posibles soluciones al repunte de los accidentes mortales en Andalucía, el presidente del PP apuntó a la estabilidad en el empleo como "la mejor fórmula", ya que, en su opinión, la mayoría de los siniestros se producen "en torno a la temporalidad en el empleo". Arenas llegó a poner en duda la eficacia de la transferencia de las competencias sobre riesgos laborales a las comunidades autónomas. "Lo digo porque no tengo claro que la autonomía andaluza haya mejorado en la siniestralidad laboral respecto a como lo hacía la administración central", explicó.