El Poder Judicial se fractura a cuenta del Estatuto catalán

La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial, integrado por dos vocales progresistas y tres conservadores, aprobó ayer un informe sobre la reforma del Estatuto de Cataluña que encuentra hasta 19 motivos de inconstitucionalidad en el proyecto. La discusión del informe, elaborado por los conservadores elegidos a propuesta del PP y no solicitado por los organismos que tienen capacidad para ello, fracturó de nuevo el Poder Judicial.

La reunión de la Comisión de Estudios acabó mal. Los dos vocales progresistas, Luis Aguiar, elegido a propuesta del PSOE, y Félix Pantoja (propuesto por IU), se ausentaron de la reunión. El vocal Enrique López, que ocupa plaza en el cupo del PP, señaló al término de la reunión que aunque ninguno de los organismos capacitados para solicitar dicho informe lo había pedido y a que la ley no prevé este tipo de trabajos, el estudio puede servir a "quien quiera, al igual que el elaborado sobre la Constitución europea". López negó que los vocales conservadores sean una correa de transmisión del PP y opinó que el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña "sienta las bases de un poder judicial estrictamente catalán".

El vocal Luis Aguiar recordó ayer que se ha elaborado el informe después de que el Congreso de los Diputados, organismo que según la Ley está habilitado para pedirlo, rechazara la petición del PP para que el Poder Judicial hiciera el estudio. Pese a que el Congreso no lo pidió, los conservadores impusieron su mayoría para hacerlo.

Irregularidades

Aguiar recordó las múltiples irregularidades en la tramitación de la elaboración de este estudio no solicitado por ningún organismo habilitado para ello y, cuyo ponente, José Luis Requero, no había sido designado por nadie para redactar el informe.

Aguiar, ante el "cúmulo de irregularidades de fondo y forma", optó por abandonar la reunión, según indicó ayer.

"Se ha hecho el estudio en fraude de ley, con la finalidad de servir de apoyo a las tesis del PP sin importar comprometer el papel de sus órganos técnicos y despreciando al resto de vocales. Ha habido mala fe y abuso del derecho", subrayó.

La misma mayoría conservadora que ha forzado la elaboración del estudio sobre el Estatuto de Cataluña, evitó forzar otro sobre el Estatuto valenciano, aunque también opina que el apartado relacionado con la justicia es de dudosa constitucionalidad.

Otro vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Juan Carlos Campo, interpretó ayer que el estudio aprobado por los conservadores "se limita a hacer admoniciones de inconstitucionalidad a fin de dar cauce a los irrefrenables deseos de los vocales de la mayoría del Consejo de intervenir en un proceso político-legislativo, en sorprendente coincidencia con las tesis sostenidas por el Partido Popular".

Campo cree que el único interés de la mayoría conservadora es "hacer acto de presencia ante la opinión pública en un debate estrictamente político y del que el órgano de gobierno del Poder Judicial, por respeto al significado y naturaleza de la institución, debería mantenerse ausente".