La Junta investiga los horarios de los obreros muertos en Almuñécar

La Junta de Andalucía quiere saber si los seis trabajadores que fallecieron el 7 de noviembre tras derrumbarse la estructura metálica de un viaducto en construcción de la A-7 cumplían con las condiciones laborales mínimas exigibles en España. El consejero de Empleo, Antonio Fernández, aseguró ayer durante una comparecencia en el Parlamento que su consejería investiga las jornadas de los trabajadores portugueses de las subcontratas implicadas en el accidente así como su relación laboral con esas empresas.

Cinco de las seis personas muertas tras la caída de una cimbra de acero desde una algura superior a 70 metros con la que se construía el viaducto tenían nacionalidad portuguesa. En la obra participaban dos firmas de esa nacionalidad especializadas en ferallas y encofrados. Se llamaban Douro Montemuro y Barmonta, según algunos de sus 80 trabajadores desplazados a Almuñécar (Granada) desde las cercanías de Oporto (norte del país). El día después del accidente, algunos de los obreros aseguraron que trabajaban unas once horas al día y que por esa jornada laboral podían sacar un salario mensual de entre 1.500 y 2.000 euros.

Conocer con exactitud esas condiciones laborales es uno de los objetivos de la Junta, según el consejero Antonio Fernández, que ayer compareció a petición propia en la comisión de Empleo del Parlamento andaluz. Para Fernández, la empresa portuguesa para la que trabajaban los cinco fallecidos de esa nacionalidad "debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales en cuanto a condiciones de salarios, jornadas, descansos y prevención de riesgos laborales", circunstancias que deben alcanzar el mínimo exigible en España.

El consejero se refirió expresamente al horario de trabajo, del que quiere comprobar si se ajusta a la normativa. "Investigaremos si la posible superación de la jornada ordinaria es cierta o no y, en su caso, si estaba compensada con descansos como exige la legislación española", añadió Fernández, que no dio muchos detalles debido al secreto de sumario decretado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Almuñécar.

La Junta quiere también saber las condiciones en las que estos obreros aceptaban desplazarse a España para trabajar. Los encofradores aseguraron tras el accidente que la empresa pagaba el alojamiento y los sueldos eran mejores que en Portugal, lo que, para muchos, hacía el viaje atractivo. "La inspección investigará la realidad y el funcionamiento de la empresa portuguesa y el fondo de la contratación por si se hubiera realizado una práctica de cesión, legal o ilegal, de trabajadores, así como la implicación, las condiciones y el compromiso de la compañía con los trabajadores con carácter previo al desplazamiento", añadió el consejero.

Fernández aseguró que se han formulado varias hipótesis sobre las causas concretas del siniestro, aunque se negó a explicarlas debido a la orden de discreción del juez. Sí recordó, sin embargo, que media hora antes del accidente se produjo un corte en el suministro eléctrico, según sus informaciones. El jefe de la Inspección de Trabajo en Granada, Jesús Jiménez, apuntó el pasado martes a un fallo técnico en la estructura metálica móvil (autocimbra) sobre la que se construía el encofrado del puente, declaraciones que le han costado la apertura de una investigación judicial por si hubiera vulnerado el secreto de sumario.

Por otra parte, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, se reunió ayer con Cándido Jiménez, responsable regional de construcción de Comisiones Obreras. La Fiscalía y el sindicato acordaron mejorar su colaboración para perseguir a los empresarios que cometan delitos de riesgo, en los que basta que no se disponga en el centro de trabajo de las medidas de seguridad que recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales provocando un riesgo grave para el trabajador y sin que tenga que producirse el accidente. La Fiscalía de Granada ha acusado ya a al menos dos empresarios por este delito, recogido en el artículo 317 del Código Penal. CC OO, por su parte, se compromete a denunciar los casos que conozca.