Exteriores pidió explicaciones en marzo a la Embajada de EE UU sobre los vuelos

El Gobierno español, a través del Ministerio de Exteriores, pidió explicaciones en marzo pasado a la Embajada de Estados Unidos en Madrid ante las primeras informaciones sobre la utilización del aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca) por parte de vuelos de la CIA con personas detenidas ilegalmente. El director general de Política Exterior para Europa y América del Norte, José Pons, habló con el encargado de Negocios y entonces número uno de la Embajada en Madrid, Robert Manzanares, quien negó la veracidad de la noticia y aseguró que EE UU respeta la legislación española.

Las fuentes consultadas indicaron que Pons ya dejó claro, en aquella entrevista, que el Gobierno español es contrario a cualquier práctica que vulnere la legalidad internacional, especialmente en materia de derechos humanos, pero entonces no se quiso hacer pública por el delicado momento que atravesaban las relaciones bilaterales.

La Embajada de EE UU no quiso ayer confirmar ni desmentir esta reunión, pero Daniel Fried, secretario adjunto para Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado de visita en Madrid, declaró a EL PAÍS: "Este tema ya salió en el pasado y lo hemos hablado con nuestros amigos españoles, tanto entonces como ahora. Estoy totalmente convencido de que la operación se ha hecho con total respeto a nuestras obligaciones y también a la ley española", informa Pere Rusiñol.

Este diario intentó ayer infructuosamente que el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmara de manera oficial el contacto entre Pons y Manzanares de marzo pasado. A las 21,25 horas, la Secretaría de Estado de Comunicación difundió una nota pública en la que daba cuenta de la entrevista, hasta ahora mantenida en secreto. Según dicha nota, la Embajada de EE UU contestó entonces a Pons "que no tenía constancia alguna de posibles traslados aéreos de detenidos". Y lo mismo le ratificó ayer Daniel Fried.

El Gobierno reaccionó ayer por la tarde a las peticiones de información sobre los presuntos vuelos de la CIA, tramitando la solicitud de comparecencia a petición propia del ministro Miguel Ángel Moratinos ante la Comisión de Asuntos Exteriores. En el Congreso, el presidente de la Cámara, Manuel Marín, había iniciado ya los contactos con los portavoces para que la próxima semana se reuniera la comisión de secretos oficiales y decidiera si, a petición de Izquierda Unida, comparecían ante la misma el ministro del Interior, José Antonio Alonso, y el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz.

La decisión de que compareciera Moratinos fue fruto de un vivo debate en el seno del Ejecutivo. Éste se inclinó por un sesión pública, y no a puerta cerrada, por considerar que no tiene nada que ocultar sobre este asunto, y optó por encomendar la tarea al ministro de Asuntos Exteriores, tras valorar la posibilidad de que lo hicieran Alonso o su homólogo de Defensa, José Bono.

La presencia de Alonso se justificaría por la investigación realizada por la Guardia Civil en Son Sant Joan y la de Bono, por la intervención del CNI, que el ministro niega. Finalmente, se optó por Moratinos, al estar en juego las relaciones con EE UU.

Las fuentes consultadas indicaron, no obstante, que los grupos podrán pedir la comparecencia de cualquier otro responsable si no se dieran por satisfechos con las explicaciones de Moratinos.

El Gobierno de Baleares, del PP, reclamó información al Ejecutivo central socialista, y también al anterior, de su propio partido. El consejero de Interior y secretario general balear del PP, José María Rodríguez, afirmó que tanto el actual Gobierno como el anterior están "obligados" a aclarar el asunto, informa Andreu Manresa. El presidente Jaume Matas solicitó "transparencia y que se asegure que los hechos no se vuelvan a repetir".

En Canarias, donde también hicieron escala los aviones sospechosos, el vicesecretario general de los socialistas, Francisco Hernández Spínola, reclamó "transparencia máxima, que resplandezca la verdad y fluya la información" entre los Gobiernos del Estado y el archipiélago, informa Juan Manuel Pardellas. Lo mismo hizo el presidente regional del PP, José Manuel Soria.