El Sáhara treinta años después

Han pasado ya treinta años desde que España abandonara a su triste suerte el territorio del Sáhara Occidental. Cuando en 1975 todo parecía indicar que la población del último territorio no autónomo africano ejercería finalmente su derecho a la libre determinación, la entrega del territorio por nuestro país a Marruecos y Mauritania (acuerdos tripartitos de Madrid, de 14 de noviembre), y su posterior ocupación por estos dos Estados, encendió la mecha de un conflicto bélico que sólo se apagaría cuando, presionado por el enorme costo que suponía para la economía de su país, Hassan II se vio obligado a negociar con el Frente Polisario un Plan de Paz, cuya llegada a buen puerto era garantizada por las Naciones Unidas.

Conviene aclarar que Marruecos no es la potencia administradora, sino la potencia ocupante del territorio

Tres lustros de proceso de paz han servido para demostrar con elocuencia, al menos dos cosas. En primer lugar, que para Marruecos este proceso no ha sido un fin, sino un medio para posponer indefinidamente la celebración del referéndum; pues es consciente, como era ya en 1975, de que una consulta popular sólo podía tener una respuesta: la independencia. En segundo lugar, que la ONU es incapaz de resolver el conflicto, tanto por el persistente veto de Francia a cualquier posibilidad de imponer al Estado ocupante la aplicación de un plan que aceptó libremente, como por las innumerables concesiones efectuadas ante las presiones de Marruecos por quienes forma sucesiva han venido ocupado la Secretaría General de la Organización. El denominado Plan Baker II, que cuenta con la bendición del Consejo de Seguridad y con el sorprendente, pero significativo rechazo de Marruecos, es un buen ejemplo de ello, y su aceptación por el Frente Polisario constituye una concesión más del movimiento saharaui, pero es ya la última posible.

En efecto, de acuerdo con este plan, tras cinco años de una autonomía de alcance limitado, se celebraría un referéndum de autodeterminación en el que participarían los saharauis, pero además, y, en palabras del propio Kofi Annan, "los residentes de buena fe del Sáhara Occidental". En efecto, se abandona ya la referencia al pueblo saharaui, único y auténtico destinatario del derecho de autodeterminación, para atribuírselo también a los colonos marroquíes. ¡Un proceso de descolonización (así figura en la agenda de la ONU) que habría que culminar con la consulta sobre el futuro del territorio a los propios colonos!

En relación con el estatuto jurídico del Sáhara Occidental, y en contra de lo que algunos mandatarios españoles han llegado a afirmar recientemente, conviene aclarar que Marruecos no es la potencia administradora, sino la potencia ocupante del territorio, por lo que posee un estatuto jurídico similar al de Israel en los territorios ocupados palestinos. La ONU ha desautorizado en diferentes ocasiones tal ocupación. En este sentido, en un informe de 2002, su Asesoría Jurídica ha afirmado con rotundidad tres cuestiones básicas: 1) el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización; 2) Marruecos no es la potencia administradora del territorio, y 3) la explotación de los recursos naturales del territorio será legal únicamente si se realiza con el visto bueno de la población saharaui, expresada a través de quien, según las propias Naciones Unidas, ostenta la condición de ser su "único y legítimo representante", el Frente Polisario. Por ello, tanto las empresas como los Estados y organizaciones internacionales que negocian con Marruecos la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, están violando el derecho internacional. El acuerdo en materia de pesca en las aguas jurisdiccionales saharauis entre la Unión Europea y Marruecos, culminado el 28 de julio de este año, constituye el ejemplo más reciente y sangrante de estas violaciones.

El saharaui es un pueblo dividido físicamente entre quienes huyeron a los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia) bajo el fuego marroquí, y sobreviven en duras condiciones gracias a la ayuda internacional, y quienes permanecen desde entonces en el territorio bajo la represión del Estado ocupante; pero es un pueblo unido con determinación en la lucha por su independencia. Es consciente de que, pese a la impunidad de la represión marroquí, en la situación actual de estancamiento del Plan de Paz, no hay otra forma de que el mundo tome conciencia de la situación que manifestándose contra la ocupación en las calles de la antigua colonia española. La reciente caída de la primera víctima mortal de la intifada saharaui, la práctica generalizada de torturas, desapariciones, destrucciones de viviendas, juicios sin garantías procesales y las largas condenas recaídas sobre los manifestantes saharauis, que han sido denunciados por Amnistía Internacional, y cuyo punto final ha sido exigido desde el propio Parlamento europeo (octubre de 2005), no hacen más que reforzar su determinación por luchar por su independencia.

A lo largo del proceso de paz el Frente Polisario ha demostrado una infinita paciencia, ya que, para evitar su paralización, ha ido aceptando una tras otra las condiciones, a veces draconianas, impuestas por Marruecos, hasta llegar a aceptar el Plan Baker II, manifiestamente plegado a los intereses de este Estado. Y, pese a los más de quinientos saharauis desaparecidos, ha decidido de forma unilateral poner en libertad a la totalidad de prisioneros de guerra marroquíes. De esta forma, ha conseguido poner en evidencia a Marruecos, que, una vez confeccionado el censo, ha decidido retirarse del proceso, acusando a la ONU nada menos que de parcialidad. Pese a ello, nada parece indicar que las Naciones Unidas o la Unión Europea vayan a intervenir para imponer la aplicación del ordenamiento internacional. Por su parte, nuestro Gobierno sigue insistiendo en la necesidad de que se respeten las resoluciones de la ONU y se alcance una solución "aceptable para ambas partes", tratando de mantener una imposible equidistancia entre el derecho internacional y su violación. Lo cierto es que, como puso de relieve el precedente de Timor Oriental, desgraciadamente, en estas circunstancias solo el derramamiento de sangre consigue despertar de su indiferencia a la opinión pública internacional.

El Frente POLISARIO es un movimiento de liberación nacional reconocido como tal por las Naciones Unidas desde 1979, y por ello legitimado para usar la fuerza contra quien, por la fuerza, impide el ejercicio de su derecho a la libre determinación. Pese a ello, ha dado muestras inequívocas de su apuesta por la vía pacífica para la resolución del conflicto. Por contra, Marruecos no solo impide el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, sino que además viola sistemáticamente sus derechos humanos, llevando el conflicto hacia un callejón sin salida. En estas circunstancias, el protagonismo debe ser, más que nunca, de quien tiene una evidente responsabilidad histórica y jurídica en la situación actual: España debe asumir, también en este conflicto, y de una vez por todas, la defensa de la legalidad internacional.

Juan Soroeta Liceras es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea