El PSOE advierte de que la reforma de la Ley del Suelo no será global

Representantes del Gobierno andaluz y el grupo socialista están ultimando la elaboración de la proposición de ley de modificación de la nueva Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, aprobada hace dos semanas en el Parlamento andaluz, cuyo contenido definitivo aún no está cerrado, pero tienen decidido que sólo se introducirán cambios en "aspectos puntuales" de la norma.

Fuentes socialistas dejaron claro que el alcance de las modificaciones no alterará de ningún modo el "espíritu original" de la ley, ya que perciben intentos por cambiar aspectos que consideran "ya asumidos" de la nueva norma, como la obligatoriedad general de reservar de 30% de los nuevos suelos residenciales para vivienda protegida, que ahora se quieren "poner en cuestión".

En este sentido, las citadas fuentes subrayaron que "no se puede pretender que la propuesta de modificación de la ley sirva para darle la vuelta como a un calcetín", aprovechando que el grupo socialista admitiese "errores" en la tramitación de sus propias enmiendas en ponencia, que intentó corregir sin éxito in extremis formulando una enmienda in voce en el pleno cuya tramitación no fue aceptada por IU.

Bloqueo

Las principales críticas se han producido desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que llegó a alertar sobre la "paralización y bloqueo" del sector de la construcción y promoción inmobiliaria en la comunidad autónoma, por lo que exige su modificación.

El pasado jueves, la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concha Gutiérrez, no concretó el alcance de la modificación de la norma y centró su respuesta en defender que tanto el Consejo de Gobierno, como el grupo parlamentario socialista y el propio PSOE comparten el espíritu global de la ley que, en su opinión, "permitirá a los poderes públicos tener más suelo, construir más vivienda pública e incidir en el mercado rebajando los precios".

Sin embargo, el portavoz parlamentario del PP, Antonio Sanz, insistió ayer en que la ley es una "gran chapuza que no se puede remediar con simples retoques o maquillaje", sino que requiere una reforma global, puesto que "es claramente inconstitucional al llevar a cabo una intromisión ilegítima en las competencias municipales".

Para la portavoz del PA, Pilar González, a la ley "le falta diálogo", no sólo con la oposición, sino entre los propios socialistas: el grupo parlamentario y el Gobierno. En cualquier caso, aseguró que esperaba que hubiera una modificación porque "no han conseguido lo que ellos querían" y abundó en la idea de que "mientras que la reforma vuelva para plantear la cesión del 30% del suelo, estamos de acuerdo". Preguntada sobre si el PA es más partidario de una reforma integral, González subrayó que "tendremos que ver qué es lo plantea el PSOE, porque una cosa es lo que dice y otra lo que piensa".