Una familia reclama 24 millones al Ayuntamiento de Marbella por un convenio que Gil incumplió

Una sociedad familiar de Marbella reclama al Ayuntamiento una indemnización de 24.030.574 euros por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de un acuerdo de permuta de suelo firmado en 1994, cuando Jesús Gil era alcalde. Once años después, la familia no ha recibido la parcela de suelo urbanizable pactada porque el consistorio se las cedió antes a una firma representada por José María González de Caldas ni ha recibido compensación alguna. Por este asunto, la fiscalía acusó a Gil de un presunto delito de estafa, pero la causa se archivó al morir el ex alcalde.

El 18 de marzo de 1994, la familia Martínez Higuero y la entidad Piedra Rica, copropietaria de una finca rústica de 39 hectáreas en régimen de proindiviso con la familia Arias Salgado, firmó con el entonces alcalde de Marbella un acuerdo de permuta de terrenos. A cambio de su parte en la finca Puerto Rico, la sociedad familiar recibía el dominio de 6.343 metros cuadrados en un sector próximo a Puerto Banús, La Pepina, donde podrían construir 55 viviendas. El consistorio se comprometía a entregar el suelo totalmente urbanizado y libre de cargas, y el acuerdo fue ratificado por el pleno municipal el 18 de agosto de 1994.

Dos años después, en junio de 1996, el Ayuntamiento convocó a la sociedad de la familia Martínez Higuero para la firma de las escrituras, momento en el que comprobó que el suelo que se les entregaba no era el pactado en el convenio urbanístico, por lo que se negó a firmar.

Más tarde la familia supo que la parcela que le correspondía en La Pepina fue cedida por el consistorio a la sociedad Huelva Bussines General, representada por el empresario y ex presidente del Sevilla F.C. José María González de Caldas. Un portavoz de la familia asegura que entonces el Ayuntamiento ofreció otros suelos y locales alternativos, algunos de los cuales comprobaron que no eran de propiedad municipal.

El incumplimiento, "engaño", según la familia Martínez Higuero, motivó la interposición de una querella criminal contra Gil, al que se acusaba de haber entregado a la sociedad de De Caldas un terreno que ya no era de propiedad municipal.

En su momento, Gil dijo desconocer que la parcela en La Pepina no había sido entregada a otra sociedad y responsabilizó de ello a su ex abogado José Luis Sierra.

Causa archivada

El asunto acabó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, que abrió una causa penal. La fiscalía solicitó para Gil una pena de cinco años de prisión por un presunto delito de estafa. El juicio quedó fijado para el 14 de mayo de 2004, el mismo día que Gil murió en Madrid, motivo por el que la causa fue archivada.

Sin poder depurar la responsabilidad penal, la familia reclama ahora al Ayuntamiento que le compense por el "gravísimo perjuicio" que el consistorio le ha causado. En la indemnización solicitada se considera la valoración actual de la parcela en La Pepina, 13.513.188 euros, y el lucro cesante por no haber podido realizar la promoción de las 55 viviendas, que se cifra en 10.517.386 euros.

Según la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Marbella, Ángeles Muñoz, el caso "es una muestra clara de la arbitrariedad y el desastre que han caracterizado la gestión municipal en los últimos años", y que lamenta va a tener unas consecuencias económicas "gravísimas" para el consistorio y van a hipotecar su futuro.

Muñoz insiste en la necesidad de que se realice un inventario del patrimonio municipal de Marbella, que no se realiza desde 1993, y ha solicitado al equipo de gobierno que preside Marisol Yagüe que facilite información de todos los procedimientos de reclamación presentados por el consistorio. "Este no es el único caso", asegura Muñoz, quien insiste en que el "malhacer está costando mucho dinero a las arcas municipales" y recuerda el embargo del puerto deportivo o de viviendas públicas por créditos impagados.