Un Senado sin causa

EL INTERMINABLE Y CONFUSO DEBATE sobre el Estado de las autonomías celebrado esta semana en la Comisión General de Comunidades del Senado versó parcialmente sobre la invitación dirigida a sus miembros por el presidente del Gobierno para que asumieran la necesidad y retomasen la tarea de su propia reconversión industrial. Las críticas al funcionamiento de la institución están sobradamente justificadas; creado por la Ley para la Reforma Política de 1976 y ratificado luego por la Constitución como híbrido heredero del Senado aristocrático de la Monarquía y del Consejo del Movimiento del franquismo, este devaluado órgano subalterno de las Cortes generales desempeña un papel superfluo en el proceso legislativo e incumple los cometidos de Cámara de representación territorial que el artículo 69 de la norma fundamental le atribuye. Como los rebeldes sin causa, el Senado no encuentra sentido a su existencia ni sabe cómo llegar a descubrirlo.

El PP rechaza de plano las ofertas del presidente del Gobierno encaminadas a revisar el modelo territorial durante el debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrado esta semana

La Comisión General de Comunidades Autónomas fue creada en 1994 con el fallido propósito de solucionar o al menos aliviar esa profunda crisis mediante una modificación reglamentaria; el caótico desarrollo del debate de esta semana no ha hecho sino confirmar las dramáticas insuficiencias de esa jibarizada réplica del Senado. Durante el primer mandato de Aznar, los grupos parlamentarios del PP y del PSOE crearon una ponencia para estudiar las posibilidades de una drástica transformación de la Cámara alta a través de una reforma de la Constitución, que nececesita la aprobación de los tres quintos de cada Cámara y exige, por consiguiente, el consenso de ambos partidos. Enterrada en 1998 la iniciativa por voluntad de los populares, los socialistas apadrinaron de nuevo la propuesta dentro de un heterogéneo paquete de revisión parcial de la norma fundamental. Zapatero propuso esta semana que la Cámara alta formase en su día una ponencia para estudiar el dictamen sobre la reforma constitucional del Senado que el Consejo de Estado hará público el próximo enero. La respuesta del PP ha sido rotundamente negativa: el presidente del Gobierno sacó la evidente moraleja de que el principal partido de la oposición ni tiene las ganas ni la voluntad de sumarse a la tarea.

Las dificultades jurídico-constitucionales y las incertidumbres político-funcionales que la reforma del Senado plantea en sí misma aconsejaría a los dos partidos emprender ese largo viaje en buena armonía y con las ideas claras. No hay un modelo indiscutido al respecto: las cámaras de representación territorial distribuidas por el mundo presentan grandes diferencias de composición y de atribuciones. Además, el horno de la revisión constitucional no está para bollos ni el ambiente para consensos: las polémicas relacionadas con la organización y la redistribución territorial del poder se hallan cargadas de dinamita ideológica. Y si la toma en consideración por el Congreso de la propuesta del nuevo Estatuto de Cataluña no hubiese proporcionado ya al PP motivos suficientes para dar rienda suelta a las más encendidas profecías apocalípticas sobre la quiebra de la unidad patria, los dioses de la demoscopia le han obsequiado de añadidura con un regalo que ha sobreactuado el tono de su fingida cólera bíblica.

En efecto, los sondeos de opinión parecen haber detectado el serio castigo infligido al PSOE en el resto de España por su apoyo -condicionado- a la reforma estatutaria catalana. En democracia, el pragmatismo de los políticos que se juegan el poder ante las urnas aguza su olfato para descubrir nuevos yacimientos de votos. Dada la carga emocional que los sentimientos de identidad colectiva transmiten a la ciudadanía, es previsible que los populares aprieten las mandíbulas sobre ese apetitoso bocado y se nieguen a consensuar con el Gobierno cuestiones conexas como la reforma del Senado a fin de alcanzar el 2008 una victoria electoral por mayoría absoluta. Esa estrategia de optimización de los antagonismos territoriales, sin embargo, no está exenta de riesgos para el PP: si sus dirigentes tirasen demasiado de la cuerda de las pasiones, los efectos de esa demagogia desestabilizadora podrían volverse en su contra.