Interior instalará cámaras de vigilancia dentro de todas las comisarías de los Mossos

Entre los años 2002 y 2004 se presentaron un total de 197 denuncias por malos tratos contra los Mossos d'Esquadra. Lo explica el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, en el informe realizado tras su visita a España el pasado mes de marzo, en el que recomienda que se adopten diversas medidas para "corregir esta situación". La consejera de Interior, Montserrat Tura, anunció a este diario que extenderá la instalación de cámaras en el interior de las comisarías. Tura no quiso polemizar sobre las cifras y afirmó: "No tengo más remedio que creérmelas".

Gil-Robles muestra en el informe su preocupación por la elevada cifra de denuncias contra la policía autonómica catalana, en contraposición, dice, a la Ertzaintza, un cuerpo que el año pasado no recibió ninguna denuncia por malos tratos y en los dos años anteriores únicamente 19. Por el contrario, recuerda que algunas policías municipales, como la de Valencia, también son objeto de un elevado número de denuncias; en concreto, 178 desde el año pasado.

El informe del comisario de Derechos Humanos sitúa en el otro plato de la balanza al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, sobre los que no aporta cifras, pero sí señala que la proporción de casos de malos tratos en ambos cuerpos es muy inferior a la de los Mossos y algunas policías municipales. Lo que sí explica el informe de Gil-Robles citando como fuente el Ministerio del Interior es que en todo el año 2004 sólo se abrieron 15 expedientes disciplinarios a funcionarios de la policía en toda España por presuntos malos tratos y que en cuatro casos se consideró que existía falta grave o muy grave, tres se archivaron y ocho están en trámite, pendientes de recurso o de sentencia.

"Con la mayor rapidez"

Ante esta situación, Álvaro Gil-Robles considera, según el informe, que "es fundamental determinar las causas que explican" la desproporción de denuncias entre cuerpos policiales con el fin de adoptar "con la mayor rapidez posible todas las medidas necesarias para corregir esta situación". Así, el comisario de Derechos Humanos sugiere que se adopten procedimientos de control similares a los que emplea la policía autónoma vasca, que tiene instaladas cámaras de vigilancia con grabación permanente en todas las dependencias de las comisarías donde están los detenidos, excepto el interior de las celdas, las zonas de servicio y las duchas. Además, el Departamento de Interior del Gobierno vasco aplica un protocolo para que los detenidos sometidos a régimen de incomunicación tengan garantizado el reconocimiento médico forense en presencia de la comisión judicial al inicio y al final de la incomunicación, y una vez al día.

La consejera de Interior de la Generalitat, Montserrat Tura, recordó que en su visita a Cataluña Gil-Robles visitó la comisaría de L'Hospitalet y que en esas instalaciones, como en todas las construidas en los últimos dos años, hay cámaras de grabación permanente. "No puedo entender por qué no se apercibió", dijo Tura. En cualquier caso, la consejera puntualizó que se cree las cifras del informe -"no tengo más remedio que creérmelas", afirmó- y anunció que su departamento seguirá las recomendaciones del informe e instalará cámaras en todas las comisarías de los Mossos.

"Tomamos buena nota e intentaremos no salir así en el próximo informe, porque aunque sea por un solo caso, es intolerable e inadmisible que no se respeten los derechos humanos con un detenido", explicó la consejera, quien recordó también que, al margen de la tecnología, se están poniendo "otros medios para que no ocurran estos casos y los mandos policiales tienen instrucciones muy claras al respecto".

En cuanto a la comparación de la estadística por supuestos malos tratos entre la policía autónoma catalana y la vasca, Tura explicó que entre 2002 y 2004 los Mossos d'Esquadra practicaron 49.944 detenciones, casi el triple que la Ertzaintza.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Interior explicó que son 174 las denuncias judiciales por malos tratos, lesiones, torturas y vejaciones que les consta que se han presentado en los últimos tres años. De ellas, 108 acabaron en absolución, 42 fueron archivadas, 22 están en trámite y sólo 2 finalizaron con sentencia condenatoria. Una está es firme y otra está recurrida.