La Sindicatura de Cuentas detecta decenas de irregularidades en la obra del metro del Carmel

La adjudicación de las obras del metro del Carmel donde se produjo un hundimiento está plagada de irregularidades, según se refleja en el informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas a petición del Parlament. Las hay de todos los colores: desde concursos poco justificados hasta otros hechos sin publicidad. Se incluyen criterios para la adjudicación cuya valoración no es pública. Algunos expedientes ni siquiera han aparecido. En un caso, de proceso negociado, se pidió presupuesto a dos empresas con la misma dirección y teléfono. Las personas de contacto eran hermanas.

La Sindicatura de Cuentas no salva a nadie. Los expedientes tramitados en la época de Convergència i Unió (CiU) incluyen una cantidad notable de irregularidades que se traducen en el informe en "incidencias" y "observaciones", según los casos. Pero las decisiones tomadas ya por el Gobierno tripartito, aunque en menor número, presentan también anomalías, incluyendo algún expediente que no ha sido localizado y otros que, aunque han aparecido, no figuran en los registros oficiales ni hay ninguna constancia de que fueran entregados a la Administración pública.

El informe señala que las obras del Carmel se hicieron al amparo de 17 expedientes. De ellos, siete corresponden a lo que la Sindicatura denomina "proyecto básico" y los demás son actuaciones complementarias. De estos siete, que son los relacionados más directamente con el hundimiento (asunto en el que la Sindicatura no entra), cuatro se hicieron por concurso y tres por procedimiento negociado. Ninguna de estas tramitaciones está libre de irregularidades.

- Criterios ocultos. El primer concurso es la redacción del proyecto para construir la línea. La Sindicatura anota que hay hasta 11 criterios que se tienen en cuenta para evaluar la oferta técnica sin que en las bases del concurso se establezca cómo serán evaluados. Y añade que se debería haberlo hecho.

Una segunda irregularidad cometida por GISA es valorar como mérito, con la posibilidad de lograr hasta 20 puntos, el historial de la empresa en relación con otras obras efectuadas también para GISA, un asunto explícitamente prohibido por las normas comunitarias.

Estas dos irregularidades se repiten en los otros tres concursos, que son el de la ejecución de obras, la dirección de obras y la elaboración del proyecto modificado que debía incluir los cambios introducidos en el proyecto original. En todos los casos, además, se firman los contratos mucho después de los 30 días establecidos en la normativa general de las empresas públicas, con oscilaciones que van desde 106 días hasta 133. No obstante, GISA alega a este punto que su carácter de sociedad anónima y los trámites de los concursos le permiten superar el límite de los 30 días, aspecto que asume el informe de la Sindicatura.

- Contratos sin publicidad. Donde mayor número de anomalías aparecen es en los contratos adjudicados sin publicidad, a veces con solicitud de ofertas a tres empresas para optar por la mejor y otros por adjudicación directa. Lo de las tres empresas da mucho juego. La Sindicatura ha detectado algunos casos que rondan la picaresca. Por ejemplo, la invitación a tres empresas para que presenten ofertas de "asistencia técnica a la actualización del proyecto constructivo" tiene la misma fecha que las ofertas recibidas.

En otro caso, la petición de información a tres empresas tiene un carácter muy particular. Dos de las empresas consultadas tienen la misma dirección y el mismo número de teléfono y las personas de contacto son hermanas.

Hay cinco expedientes adjudicados por este sistema en los que dos de las ofertas de las tres pedidas presentan un presupuesto superior al de licitación, lo cual las descalifica de inmediato, de modo que la obra es para la tercera firma. En todos los casos gana la misma empresa.

Hay dos expedientes en los que coinciden las compañías que realizan las ofertas.

- Trabajos sin pagar. El proyecto de modificación de las obras es un caso singular. De momento, no hay expediente que describa la redacción del proyecto. El presupuesto era de unos 350.000 euros, pero nadie ha intentado cobrar este servicio y, consecuentemente, nunca ha sido pagado. No es el único caso en el que GISA se ahorró la minuta. El informe de la Sindicatura señala que tampoco se ha pagado la dirección de obras.

Los trabajos a realizar en este caso están explicados en un disco compacto en cuya carátula figura la fecha de mayo de 2004 (ya perteneciente al periodo de Gobierno del tripartito), pero no consta en los registros la entrada del proyecto ni hay ningún contrato firmado al respecto. Asimismo, este proyecto modificado no ha sido aprobado nunca y, por tanto, no se ha tramitado el correspondiente expediente, pese a que incrementa el coste de la obra inicial por encima del 20%.

Es más, al superar ese porcentaje hubiera habido que convocar un nuevo concurso. Tampoco se hizo y su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat se produjo cuando el plazo legal había sido superado en cuatro días. También se hizo fuera de plazo la comunicación a la junta consultiva.

Finalmente, la Sindicatura señala que hay hasta cuatro expedientes en los que debería haber un contrato de obras y no lo hay, y en los cuatro casos se dejó de notificar la contratación a la junta consultiva.