Trabajo prepara este mes una oferta final de reforma laboral a sindicatos y CEOE

La negociación para reformar el mercado de trabajo ha entrado en su recta final. El Ministerio de Trabajo presentará a finales de mes una última oferta, a medio camino entre las recetas de los sindicatos y las de la patronal, para reducir la temporalidad laboral sin perjudicar a las empresas. La falta de acuerdo en una negociación que arrancó hace más de siete meses impulsa a Trabajo a pensar en legislar en solitario si los sindicatos y los empresarios no aproximan posiciones. El Ejecutivo considera que, sea cual sea el escenario, el conflicto deberá quedar resuelto a final de año.

La reforma del mercado de trabajo que el Gobierno anunció como una de las grandes líneas de su política laboral está estancada. Las conversaciones han adoptado un nuevo cariz desde finales del mes pasado, cuando la patronal presentó por primera vez sus propuestas por escrito. Desde entonces se convocan reuniones sobre materias concretas para facilitar el diálogo. La primera, celebrada el pasado jueves, concluyó con una visión pesimista de los sindicatos.

Ante el temor de que sea imposible un acuerdo, Trabajo estudia una última estrategia. El departamento lanzará una oferta final a los negociadores a finales de este mes (una vez concluyan las reuniones sobre materias concretas). Así lo asegura el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, que observa con pesimismo la deriva de las negociaciones.

El Gobierno ya presentó el mes pasado un documento para reducir la temporalidad -afecta a 5,4 millones de personas, un tercio de los asalariados- y flexibilizar las condiciones de contratación de las empresas. El nuevo texto constituirá un último intento de acercar a empresarios y sindicatos.

Trabajo es consciente de que el éxito de la negociación es incierto. "Lo veo difícil", reconoce Valeriano Gómez. Si el acuerdo no prospera, este departamento se plantea aplicar sus propias recetas, una opción en principio descartada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se comprometió a no imponer reformas laborales. "El problema de las reformas laborales sin acuerdo es que su nivel de eficiencia es mucho menor", reconoce Gómez.

Pese a todo, el Ejecutivo considera necesario aplicar medidas. El responsable de Empleo explica que, en todo caso, la reforma no se aplicaría por decreto ley, sino con el procedimiento ordinario de presentación en el Parlamento para someterla a discusión.

El elemento más conflictivo reside en cómo regular la actividad de las contratas y las subcontratas y la regulación del despido. Los sindicatos pretenden reforzar la responsabilidad del empresario y los empresarios rechazan rigideces. El Gobierno propone acabar con el contrato de obra y servicio para las empresas contratistas, que aplican esta modalidad a todos sus trabajadores aunque realicen una labor fija. Trabajo propone dos alternativas: un contrato indefinido, con una cláusula de despido automático en caso de que la subcontrata pierda la concesión, o una nueva causa de despido objetivo (por razones económicas) a aplicar si la subcontrata finaliza la actividad con la empresa principal.

Ninguna de las soluciones contenta a las partes. UGT y CC OO rechazan la primera, pero acceden a estudiar la segunda. Los empresarios rechazan que esos despidos por finalización de la actividad puedan considerarse colectivos, algo muy probable, pues esa denominación requiere que afecten al menos al 10% de la plantilla. El despido colectivo fija condiciones más ventajosas para los trabajadores y precisa que la autoridad laboral competente lo autorice. Entre toda la incertidumbre, el Gobierno tiene clara una cosa: la negociación no puede ir más allá de diciembre.