Tensión en la Gran Mezquita
Una minoría siria radical pretende dirigir el islam en Valencia contra la opinión de los magrebíes, mucho más moderados
El asunto viene de lejos: la mayor parte de los musulmanes en España es de origen magrebí, seguidora de un islam moderado, pero la dirección espiritual de las grandes mezquitas está en manos de imanes y asociaciones que siguen una tendencia más dura, generalmente financiados con dinero saudí o de oculta procedencia. Ese desequilibrio ha sido denunciado por las principales organizaciones marroquíes y argelinas, que se quejan amargamente de que el actual Gobierno no toma cartas en el asunto del control de las mezquitas.
Un caso muy característico de este problema se está viviendo en Valencia, donde un grupo de ciudadanos sirios domina la gran mezquita de la ciudad, acaban de anunciar la creación del Consejo Islámico Valenciano y tienen la intención de fundar una escuela de imanes. Todas estas acciones tienen el rechazo de la comunidad magrebí, que comprueba con impotencia cómo las autoridades no reaccionan ante estos hechos.
"El Gobierno debería defender nuestro derecho a que se rijan por criterios democráticos"
La Gran Mezquita de Valencia sufrió el pasado 13 de abril un suceso insólito. Un grupo de ciudadanos sirios, que decían pertenecer al Centro Islámico en España, una organización religiosa con sede en Madrid, entraron por la noche en la mezquita, cambiaron las cerraduras y tomaron posesión de sus instalaciones. Allí trabajaba desde hacía años una asociación llamada Centro Cultural Islámico de Valencia, muy reconocida por sus labores culturales y sociales, por las que había merecido varios premios.
Dicha asociación agrupaba a miembros de diversas nacionalidades, entre ellos magrebíes y españoles, y contaba con mujeres en su junta directiva, un detalle que no era del agrado del imán de la mezquita, un egipcio que, a pesar de llevar más de 10 años en España, apenas habla castellano.
El enojo del imán hacia las mujeres se puso de manifiesto en algunos discursos, hasta el punto de que los miembros de dicha asociación decidieron grabar sus intervenciones. Las diferencias se fueron agravando y acabaron con la expulsión de aquellos a manos de los sirios en un asalto nocturno.
Los asaltantes decían representar a los verdaderos propietarios de la mezquita, haciendo valer documentos de 1992, según los cuales el terreno de la mezquita se cedió a una asociación denominada Centro Islámico en España, con sede en Madrid. Las demandas civiles siguen su lento curso y el asalto se consolida con el tiempo.
Pero resulta que el Centro Islámico en España apenas ha tenido actividad desde hace años. De hecho, su sede estaba en la calle de Alonso Cano de Madrid, en un local habilitado como oratorio y que cobró cierta trágica celebridad porque allí llegó a realizar labores como imán El Tunecino, uno de los terroristas del 11-M. Dicha asociación fue una de las primeras entidades religiosas musulmanas que se fundaron en España (1990) y por eso recibió en su día la cesión de los terrenos de una mezquita en Valencia en 1992. Pero esa asociación entró en el ostracismo en los últimos años. Nadie sabía muy bien quiénes eran sus gestores, aunque mantenía alguna relación con la mezquita de la M-30 en Madrid. Fuentes de Justicia admiten que dicha entidad "no tiene inscrita ninguna delegación" en otra parte de España. Sin embargo, haciendo valer aquellos derechos de hace años, quienes dicen ser los representantes de la asociación (que no celebra asambleas ni elecciones) se han hecho con el control de la mezquita de Valencia.
El asalto provocó una reacción pública de asociaciones civiles valencianas y, sobre todo, de organizaciones magrebíes, pero ninguna institución, ni central, ni autonómica, actuó en el conflicto, aludiendo a que se trataba de un "conflicto interno". Fuentes tanto de la Generalitat valenciana como de la delegación del Gobierno en Valencia reconocen que existe un desconocimiento de la actividad de estas organizaciones. Y una cierta pereza a intervenir "en situaciones que no dominamos".
Meses después de aquel conflicto en la Gran Mezquita apenas se imparten algunas clases de árabe e islam. El local tiene en su interior un aspecto descuidado, repleto de escombros por una obra que no acaba de terminar. No han firmado ningún convenio con institución alguna porque, según sus gestores se limitan "a la labor religiosa". Por el contrario, los expulsados acaban de abrir una modesta sede pero su actividad sigue siendo muy notable. "Está claro que unos son visibles, que tienen relación con la sociedad, que tratan con las instituciones y que los otros apenas se dejan ver", reconocen tanto en la Generalitat como en la delegación de Gobierno.
"¿Quiénes son esas personas?", se pregunta un representante de la asociación argelina. "¿Quién los ha elegido? Son gente que no quiere integrarse, que no saben someterse a las leyes de este país". "Han tomado la religión como una propiedad privada", sostiene Boughaleb Mimi, el portavoz de Al Amal, la asociación de emigrantes marroquíes de Valencia. "No cumplen una función religiosa que sería deseable para la población magrebí, que se siente intimidada en esos centros".
Mustafá el Mirabet, secretario general de Atime, el sindicato de emigrantes marroquíes en España, argumenta su queja: "Me preocupa la seguridad espiritual de la comunidad musulmana ante la amenaza del radicalismo, pero el Gobierno no ha hecho nada y ha despreciado nuestros consejos. Necesitamos un liderazgo religioso: éste es un país de musulmanes magrebíes y de conversos españoles, pero son los sirios y la línea de Arabia Saudí quienes dominan las grandes asociaciones. La mayoría de los fieles que van a las mezquitas son currantes magrebíes, gente sin cultura, que reciben un discurso que no es nada inocente, que escuchan a personas que no transmiten la realidad de este país".
El líder de los ocupantes es el sirio Imad al Naddaf. Dice que su propósito es "unificar la doctrina religiosa en Valencia". Preguntado sobre la financiación de esta mezquita, responde que se nutre de "donaciones, limosnas y préstamos". Niega recibir dinero de Arabia Saudí, aunque fuentes de Justicia reconocen que recibe ayudas de la mezquita de la M-30. Y sostiene que colabora tanto con el Ayuntamiento como con la Generalitat, aunque en estas instituciones lo niegan.
El próximo paso ha despertado la alarma entre las asociaciones magrebíes de Valencia. Amparados en la fuerza que les da la Gran Mezquita, en la creación de instrumentos con cierto renombre (Consejo Islámico Valenciano), los sirios quieren dominar la dirección religiosa en Valencia. Los magrebíes se oponen a ello. "No entiendo nada de lo que hace el Gobierno", sostiene el presidente de Atime. "No nos representan", dice Boughaleb, "son una minoría que pretende educarnos en sus preceptos religiosos, pero el Gobierno debería defender nuestros derechos a recibir la religión que queremos y a que estos centros se rijan por criterios democráticos".
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