La ley antiterrorista divide al Partido Laborista
Tony Blair recibió ayer no uno, sino dos revolcones políticos. A la dimisión por la mañana del ministro de Pensiones y uno de sus aliados en el Gabinete, David Blunkett, se unió a última hora de la tarde una revuelta de la izquierda laborista en la tramitación de la reforma de la ley antiterrorista. Los rebeldes perdieron por un solo voto una enmienda a la que se oponía el Gobierno y parecían en condiciones de ganar la votación sobre otra enmienda de mucho más calado político: la propuesta de ampliar de los actuales 14 días a 28 días el periodo de detención preventiva de los sospechosos de terrorismo.
Si esa enmienda se hubiera incorporado al proyecto de ley habría hecho trizas una de las propuestas más polémicas del Gobierno: ampliar el periodo de dos semanas a 90 días. El ministro del Interior, Charles Clarke, que pasa por estar personalmente en contra de ampliar tanto el periodo de detención preventiva, ofreció una semana de conversaciones entre los partidos para evitar la votación y previsible derrota. El patrocinador de la enmienda, el laborista David Winnick, retiró de inmediato su enmienda.
Aunque el Gobierno evitó que la catástrofe fuera absoluta, parece muy difícil que no se vea obligado a recortar de manera muy significativa el periodo de 90 días de detención sin cargos, una propuesta de la que el primer ministro Tony Blair parece haber hecho una cuestión personal. El problema para el Gobierno y sobre todo para Blair es que si tiene tantos problemas para aprobar la propuesta de ley en la Cámara de los Comunes, donde tiene una mayoría de 66 diputados, difícilmente podrá conseguir que el texto pase luego el cedazo de la Cámara de los Lores, en la que está en minoría y se enfrenta a una sostenida oposición a medidas antiterroristas que a juicio de los lores menoscaban las libertades individuales.
Así ocurrió meses atrás, cuando los Lores se opusieron tercamente a aceptar las propuestas del Gobierno para adaptar la ley antiterrorista a una decisión judicial que consideraba ilegal el internamiento indefinido de extranjeros sospechosos de terrorismo que no aceptaran ser deportados. El Gobierno propuso una medida alternativa, las llamadas órdenes de control, que a juicio de los lores constituían un arresto domiciliario indefinido decretado por la policía. Tras sucesivos vaivenes de la ley entre ambas cámaras, el texto se aprobó otorgando a los jueces un papel mucho más relevante del que querían el Gobierno, la policía y los servicios secretos.
