El Gobierno andaluz destina 35 millones a obras de emergencia por la sequía en Málaga y Granada

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que declara la situación de excepcionalidad por sequía en Málaga capital, el Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol Occidental y la comarca granadina de La Contraviesa, y en el que se destinan 35 millones de euros para obras de emergencia. Esta norma, que estará vigente mientras persista la escasez de lluvias, garantiza el abastecimiento a la población en 18 pueblos de la Costa del Sol y Trevélez en Granada (en torno al millón de habitantes) y prima el consumo humano sobre otros usos, según recordó en conferencia de prensa la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves.

Como medida permanente, incluye la creación del Centro de Intercambio de Aguas de la Cuenca Mediterránea, que fomentará la redistribución eficiente de los recursos a través de acuerdos entre titulares de los derechos sobre el agua.

En relación con la sequía, el decreto no establece de momento cortes para el suministro domiciliario, si bien reduce en torno a un 15% la dotación actual hasta situarla en 230 litros por habitante y día. Esta cantidad, según la consejera, permite el mantenimiento de todos los usos domésticos habituales y necesarios, pero no los de carácter suntuario como el riego de jardines, el baldeo de calles, la limpieza de coches y el llenado de piscinas.

En estos casos se prohíbe la utilización de agua apta para el consumo humano, permitiéndose el recurso al agua reciclada o no apta siempre que sea autorizado expresamente. Los ayuntamientos deberán adoptar las medidas necesarias para lograr estos objetivos de ahorro y realizar las inversiones necesarias para reducir pérdidas en las redes de distribución, al tiempo que están obligados a elaborar, en el plazo de dos meses, un plan de emergencia siguiendo los criterios de la Ley del Plan Hidrológico Nacional.

De acuerdo con la prioridad de garantizar el abastecimiento a la población, las limitaciones de mayor calado se centran en otros ámbitos, como el riego de campos de golf y la agricultura. Para los primeros, la norma determina una dotación máxima de 200 metros cúbicos por hectárea y mes, a la vez que prohíbe el uso de agua potable, mientras que en el caso de utilización de aguas residuales urbanas recicladas, no se establece limitación alguna.

Para los usos agrícolas se recogen tres tipos de previsiones en función de los cultivos: prohibición de riegos en agricultura extensiva, riegos de socorro para las especies plurianuales y limitación a 200 metros cúbicos por hectárea y mes en el resto de los cultivos y, al igual que en el caso de los campos de golf, no se aplicarán cuando se realicen con aguas residuales tratadas.

Como aspecto novedoso respecto a otros textos similares, la norma recoge también la creación de un comité de gestión de la sequía integrado por todas las administraciones y agentes socieconómicos implicados.