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La fiscalía quiere volver a interrogar al agente que protegió al tránsfuga Tamayo

El ministerio público analizará un vídeo sobre los dos diputados díscolos en un hotel

La fiscalía del Tribunal Superior de Madrid estudia pedir al juez una nueva declaración de José Antonio E. S., el agente de seguridad que ha declarado en un juzgado de Madrid que "vigiló y protegió" a los diputados tránfugas de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras decidir ambos su deserción de las filas socialistas. Este transfuguismo dejó sin dos votos al PSOE, liderado por Rafael Simancas, y forzó unas nuevas elecciones en la Comunidad que llevaron al Partido Popular de Esperanza Aguirre a la presidencia del Gobierno regional.

La fiscalía de Madrid, que dirige Manuel Móix, se plantea pedir al juez que vuelva a citar al agente con el fin de recabar más detalles sobre las personas que, según tiene declarado ante un juez de la plaza de Castilla, le abonaron 6.000 euros para que protegiera a Tamayo y Sáez.

José Antonio E. S. está inculpado en un proceso judicial por estafa y usurpación de funciones. Supuestamente falsificó un carné del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para hacer creer que pertenecía a los servicios secretos y cometer supuestas estafas.

Está constatado en una sentencia que José Antonio E. S. conducía el vehículo matrícula 4147 CCT en el que salieron de la Asamblea de Madrid los diputados Tamayo y Sáez tras el pleno de la Asamblea de Madrid en el que ambos confirmaron su espantada. Ese día dejaron al PSOE y a IU en minoría, y no pudieron elegir como presidente del Gobierno regional al socialista Rafael Simancas.

Cuando el agente José Antonio E. fue detenido por la Guardia Civil el 23 de febrero de 2005, manifestó que en su casa tenía un vídeo grabado por él mismo sobre la estancia de Tamayo y Sáez en el hotel Los Vascos de Madrid el 11 de junio de 2003. Trataba de demostrar con ese vídeo que, efectivamente, estuvo con Tamayo y Sáez en ese hotel. Según declaró, la misión de proteger a Tamayo y Sáez se la encargó un guardia civil del CNI llamado Ángel, que contactó con él un día antes del pleno de la Asamblea.

El agente, que ha estado preso pero que se halla en la actualidad en libertad provisional bajo fianza, admitió al juez que "se inventó" su pertenencia al CNI, si bien señaló que el seguimiento de Tamayo lo hizo por encargo del guardia civil del CNI que él llama Ángel. Afirma que conoció al tal Ángel a través de la Universidad Complutense, donde él prestó servicios e hizo labores de contraespionaje.

Registro en la vivienda

La Guardia Civil, por orden del juez, registró la casa de este agente de seguridad y halló el citado vídeo. Pero su contenido aún no ha sido visto por las autoridades judiciales. Por ello, la fiscalía de Madrid lo reclama. El agente no especificó antes al juez quién, en concreto, le pidió que hiciera la grabación.

En la declaración que prestó ante el juez el 14 de julio de 2005, la segunda, el agente declaró también que Dionisio Ramos, entonces gerente de la Universidad Complutense de Madrid, sabía mucho sobre la persona que le contrató para proteger y vigilar a Tamayo.

En función del contenido del citado vídeo y de los datos que pueda aportar este vigilante en su declaración, la intención de la Fiscalía de Madrid es pedir al juez que desglose de la causa principal todo lo referido a Tamayo y Sáez y que se abra con ello una nueva causa judicial, que iría a reparto y posiblemente a otro juzgado. La fiscalía no descarta tampoco, en función de los datos que arrojen las pesquisas, solicitar también que sea llamado a declarar Dionisio Ramos, secretario general técnico de la Consejería de Educación en el primer Gobierno del PP en Madrid.

El caso fue archivado

La fiscalía, pues, retoma de esta forma la investigación del caso Tamayo y Sáez. Una investigación que en su día inició pero que tuvo que dejar siguiendo instrucciones del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, nombrado por el PP. Tras ambas deserciones, la fiscalía madrileña, entonces dirigida por Mariano Fernández Bermejo, comenzó a investigar los pasos de estos diputados y a quien había pagado los hoteles en los que ambos se refugiaron tras abandonar el PSOE. Fernández Bermejo, nombrado por el Gobierno del PSOE, se abstuvo de actuar como jefe en esa investigación debido a las desavenencias que mantenía con Cardenal. En este asunto le sustituyó en sus funciones de jefe el teniente fiscal, Pedro Martínez. El 16 de junio de 2003 Martínez firmó el decreto iniciando las pesquisas. Sin embargo, días después el PSOE presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que judicializó el asunto. Por ello, la fiscalía de Madrid preguntó a Cardenal si proseguía con sus pesquisas. Cardenal ordenó que todo lo investigado hasta ese momento se enviase a la Fiscalía Anticorrupción. El asunto finalmente fue archivado.

Hasta ese momento, la fiscalía disponía de documentación según la cual el constructor Francisco Bravo había reservado las dos habitaciones del hotel Los Vascos de Madrid en las que Tamayo y Sáez se refugiaron la noche del 10 al 11 de junio tras confirmar su deserción. Bravo, que se vio implicado después en una denuncia de la fiscalía en relación con una supuesta trama urbanística en Alcorcón, figura como socio en un total de 27 sociedades, según documentación recabada entonces por la fiscalía, que también pidió documentación sobre todas y cada una de estas sociedades y quienes las integraban. Bravo es militante del PP de Villaviciosa de Odón. También constató la fiscalía que tampoco fue Tamayo quien reservó el salón del hotel Husa Princesa en el que éste dio una multitudinaria rueda de prensa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de noviembre de 2005