La 'ley Sarkozy'

Francia se propone endurecer su legislación antiterrorista, ya contundente desde hace una década, con nuevas medidas contempladas en el proyecto de ley que comenzará a debatirse en el Parlamento a finales de noviembre. El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, prevé multiplicar la videovigilancia, en mantillas todavía, aumentar las penas y la duración de la detención policial, el almacenamiento de datos de teléfonos móviles y de Internet y acelerar la expulsión de los considerados indeseables. París ahora, como antes Londres, donde se debate la cuarta ley antiterrorista desde el año 2000, y otros países de la Unión Europea están inmersos en un debate común, pero que se aborda de forma desordenada: cómo combatir mejor el terrorismo de raíz islamista, que se percibe inequívocamente como la amenaza mayor para un sistema de libertades.

La cooperación europea en esta materia, tan copiosamente prometida después del 11-S en EE UU, deja mucho que desear; y muestra los problemas de la UE, más serios a medida que la Unión amplía sus miembros y su ámbito geográfico, para confrontar un fenómeno transnacional y difuso. Al margen de la colaboración esporádica entre países concretos, Europa está lastrada por un rompecabezas de regulaciones nacionales que en la práctica impide combatir eficazmente el acéfalo terrorismo fundamentalista. Paradójicamente, este territorio progresivamente sin fronteras para las personas, incluidos los eventuales dinamiteros, permanece todavía cerrado al libre movimiento de aquellos encargados de perseguirles. Por no señalar la insalvable renuencia de los Gobiernos más poderosos de la UE a compartir su información terrorista más sensible con el conjunto del bloque.

En Francia, como antes en el Reino Unido, se han levantado ya las primeras voces sobre la eficacia de alguna de las medidas previstas o su compatibilidad con derechos fundamentales. No en vano, la ley del ministro Sarkozy, abogado de la tolerancia cero, se configura como una de las más enérgicas de Europa, en línea con la idea de Tony Blair de otorgar a la seguridad nacional al menos el mismo peso que a la protección de los derechos individuales. Aunque todo apunta a que países europeos de impecables credenciales democráticas están dispuestos a sacrificar una cuota de sus libertades en aras de la seguridad, el Parlamento francés tendrá que hilar fino para hacer compatible lo uno y lo otro. Si impedir el terrorismo islamista se ha convertido en prioridad absoluta de cualquier Estado responsable, hacerlo desde el respeto de los derechos fundamentales es una obligación que no puede eludir un país que se vanagloria de ser su cuna.