Nación, unidad, Constitución

La reciente aprobación por el Parlamento de Cataluña del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía ha desencadenado una reacción del nacionalismo españolista, expresado en el plano político fundamentalmente aunque no exclusivamente por el Partido Popular, que parece querer emular la campaña contra el Estatuto de 1932. En 1979, con el nacionalismo españolista identificado con el franquismo, el rechazo a buena parte del proyecto de Sau quedó en manos de una minoritaria Alianza Popular, cuyo líder, Manuel Fraga, llegó a abandonar la ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Oyendo a los actuales dirigentes del PP es claro que, pese a tantas refundaciones y viajes al centro, sus referentes ideológicos esenciales entroncan fundamentalmente con aquella AP que, es oportuno recordarlo, rechazó partes sustanciales de la Constitución.

Más de 25 años después de la elaboración de la Constitución debería poder discutirse con tranquilidad y sin dramatismos

En los últimos tiempos ha sido frecuente que se describa la elaboración de la Carta Magna, finalmente aprobada en diciembre de 1978, como un proceso en el que se discutieron todas las propuestas en un marco de plácido debate, sin ningún tipo de interferencias y presiones ajenas a la voluntad popular expresada en las urnas el 15 de junio de 1977. Tal descripción no resiste que se contraste ni mínimamente con la realidad, y oculta interesadamente o ignora las características de todo el proceso de transición de la dictadura franquista a la democracia, con un constante ruido de sables, como bien recordaba recientemente Josep Ramoneda (Nación de naciones, EL PAÍS, 2 de octubre de 2005).

Considerando lo anterior, no puede dejar de sorprender el ardor con que algunos dirigentes socialistas -Bono, Rodríguez Ibarra, Vázquez- defienden la farragosa literalidad del artículo segundo de la Constitución, olvidando la apreciable diferencia entre el artículo segundo del anteproyecto de texto constitucional elaborado por el PSOE y el texto finalmente aprobado. Así, tras una propuesta de artículo 1 que decía: "España se constituye como Estado Democrático de Derecho" y que "la Soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de los poderes regulados en la Constitución", la propuesta socialista de artículo 2 era la siguiente: "Las nacionalidades y regiones de España tienen derecho a su autonomía que se organiza a través de los Estatutos de que cada una se dote de acuerdo con los requisitos establecidos en la Constitución. En consecuencia el poder estatal se distribuye, entre los órganos centrales del Estado y los establecidos en los Estatutos de autonomía para el ámbito territorial en que rijan".

Por otra parte, es bien conocido que el texto del artículo segundo de la Constitución fue objeto preferente de múltiples presiones por parte de los sectores más reacios al cambio democrático. En una primera redacción de la ponencia constitucional, el mencionado artículo 2 decía escuetamente: "La Constitución se fundamenta en la unidad de España y en la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran". El texto respondía al punto de encuentro entre las posiciones de los distintos grupos políticos representados en las Cortes: se afirmaba la unidad de España, la solidaridad entre sus pueblos, y se garantizaba la autonomía de "nacionalidades" y regiones. Sin embargo, el concepto "nacionalidades" desencadenó una notable tormenta política. Alianza Popular manifestó su rechazo absoluto, en tanto que desde distintos sectores, muchos carentes de toda legitimidad democrática, se presionó sobre la UCD y sobre el Gobierno reclamando la supresión de término nacionalidades. Sin embargo, comunistas, socialistas y nacionalistas catalanes se opusieron con firmeza a tal pretensión, defendiendo el concepto nacionalidad, que no tenía mayor precisión pero que se consideró aplicable a Cataluña, el País Vasco y Galicia, y que para el ponente socialista Gregorio Peces-Barba, era sinónimo de nación.

Las presiones dieron parcialmente sus frutos en forma de un texto alternativo transmitido a la ponencia directamente desde la Presidencia del Gobierno, indicando que tenía la aquiescencia del estamento militar, que introducía la fórmula que dio lugar a la redacción definitiva: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Se mantenía, por tanto, el término nacionalidades, pero se incluían las formulaciones "indisoluble unidad de la Nación española" y "patria común e indivisible", algo que según explica Peces-Barba en su libro La elaboración de la Constitución de 1978 (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988) le pareció "ridículo y retórico", pero que aceptó al igual que Jordi Solé Tura, ponente del grupo parlamentario comunista, y el nacionalista catalán Miquel Roca Junyent, "para evitar más problemas". Desde luego no eran argumentos doctrinales y el acuerdo libre de condicionamientos lo que había llevado a tal formulación.

Más de 25 años después de la elaboración de la Constitución debería poder discutirse con tranquilidad y sin dramatismos, y especialmente sin los irresponsables catastrofismos que anuncian la ruptura de la unidad de España y la quiebra del consenso constitucional, sobre conceptos y sobre realidades, obviamente en el marco de las reglas del estado de derecho establecido por la Constitución de 1978, pero sin confundir el texto constitucional con los "Principios Fundamentales del Movimiento Nacional", que como se sabe pretendían ser "permanentes e inalterables". Como ha repetido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no debería ser difícil encontrar una fórmula que compatibilice la denominación de la comunidad de ciudadanos libres e iguales formada por todos los ciudadanos españoles titulares colectivamente de la soberanía, y la denominación de Cataluña como una comunidad con un fuerte sentimiento de identidad, singularizada además en una lengua y en una trayectoria histórica que naturalmente no puede ser generadora de "derechos", pero cuya realidad es inútil negar o desconocer, como la experiencia de todo el siglo XX ha demostrado reiteradamente.

Pere Ysàs es historiador del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática (CEFID) de la UAB.