Un modelo territorial

Se ha ocupado profusamente la prensa de asuntos relacionados con el urbanismo y la arquitectura en nuestra Comunidad. Y no me refiero a aquellas secciones específicas sobre crítica arquitectónica firmadas por especialistas como la que en Babelia resulta de obligada consulta semanal para los que nos dedicamos a estos temas, sino de asuntos de interés general y en los que toda opinión sensata es respetable: nuevas legislaciones y, sobre todo, las consecuencias de esas legislaciones cuando ya son vigentes, el desarrollo urbanístico real en la Comunidad Valenciana.

He coincidido recientemente en sendos actos en los que el debate me ha resultado de particular interés. En el primero de ellos, en Segorbe, organizado por el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y auspiciado por la Consejería de Territorio y Vivienda, junto a profesionales tan solventes como los profesores de la Universitat de València Joan Romero y Josep Sorribes y el sociólogo José Miguel Iribas, reflexionando sobre el futuro de las "ciudades medias valencianas" y en el contexto de Ciumed, un proyecto de la Unión Europea que tiene como objetivo "impulsar el papel de las ciudades medias europeas consolidando un sistema urbano policéntrico". En el segundo, con motivo de la presentación del libro Los límites del territorio, editado por la Universitat de València, que compila una serie de artículos aparecidos en EL PAÍS que en su conjunto ofrecen consideraciones de primera importancia acerca de aspectos disciplinares diversos -desde diversas ópticas- que inciden en nuestro urbanismo y desde los que bien se pudiera indagar en la búsqueda de un modelo territorial compartido.

De la reunión de Segorbe, las distintas exposiciones de los ponentes y el coloquio con los asistentes arrojaron algunas conclusiones provisionales siempre relacionadas con algunos principios generales que, por conocidos que resulten, conviene recordar y que tienen que ver con un principio de desarrollo sostenible, con una metodología de participación ciudadana y con unos objetivos de crecimiento razonable. Pero también quedaron afianzadas cuestiones más particulares como las reclamadas por el profesor Joan Romero, reivindicando estrategias con miras más amplias -más ambiciosas y más generosas también- que las que suelen acomodarse a los "cuarenta y ocho meses" de un mandato, o como las establecidas por José Miguel Iribas a partir de su muy acertada observación sobre la atracción de residencia que la "cota cien" -desde el nivel del mar hasta 100 metros sobre él- del levante valenciano ejerce sobre el ciudadano. Y por supuesto que se trataron con la debida pericia y atención otras cuestiones, hoy ineludibles, que tienen que ver con funciones urbanas como la movilidad y el transporte, la terciarización, los nuevos modelos de organización social y familiar y las nuevas tecnologías. Más generalista, la sesión de presentación del libro de EL PAÍS contó entre los ponentes con el decano del Colegio de Arquitectos, quien mostró su preocupación -a mi modo de ver excesiva- sobre lo que está ocurriendo y alarmó sobre la hipótesis (al parecer contrastada) de que "800.000 familias alemanas pudieran estar contemplando la posibilidad de establecerse, con carácter temporal o incluso permanente, en la Comunidad". (Más que alarmarse habría que prepararse para ello).

Desde el comienzo de esta legislatura que preside Francisco Camps hemos conocido los planes de la Consejería de Territorio de creación de 100.000 viviendas protegidas -rehabilitadas y de nueva planta-, de nueva doctrina legislativa sobre el territorio y el paisaje, el suelo no urbanizable, la vivienda o la calidad en la edificación y en tiempos muy recientes también hemos conocido tanto el malestar de los particulares damnificados por la LRAU, incluidas sus protestas ante la Unión Europea y la visita y un primer dictamen de europarlamentarios al respecto, como la abundante actividad mostrada por empresarios del sector inmobiliario para el desarrollo de nuevas acciones urbanizadoras (los famosos PAI).

De la legítima y deseable confrontación política entre gobierno y oposición se ha ido llegando a un ambiente de exceso de calentamiento (al menos terminológico) que acuña conceptos como "urbanismo depredador", "crecimiento no sostenible", "agresión medioambiental", "sellado irreversible de suelos litorales", etc. que pudieran parecer a personas de buena fe pero no especialmente informadas que el desarrollo urbanístico de nuestra Comunidad carece de marcos de referencia legales contrastados y ejercidos con el debido cumplimiento. Yo creo que no es así. He escrito en ocasiones celebrando determinadas iniciativas en esta materia por parte de la Generalitat, sin por ello dejar de ser crítico en aquellos aspectos que son todavía claramente mejorables. He celebrado la regulación de una nueva ley urbanística (la LUV), pero no es ésta hoy mi intención. Desconozco el texto alternativo del PSPV como consecuencia de su enmienda a la totalidad, tanto como las enmiendas del PP, y me limito a expresar aquí lo que deduzco de la información de la prensa. Y si resulta obvio que el asunto es de extrema importancia, también a mí me lo parece que el tratamiento del mismo no se compadece con ella. Sobran visceralidad, encono y sobre todo, personalismos. La terciarización -en actividades íntimamente relacionadas con el ocio y el turismo- de este territorio valenciano no se ha iniciado recientemente, pero es cierto que en la actualidad alcanza cotas hasta ahora desconocidas que tienen que ver con cuestiones de globalización real, con la libre movilidad que el marco de la Unión Europea permite y con los importantes flujos migratorios registrados. Y es una realidad, por ejemplo, que fondos de inversión de agrupaciones gremiales o sindicales inglesas, francesas o alemanas, encuentran en nuestro territorio un objetivo de asentamiento apetecible para sus asociados. Y a ello no se puede hacer oídos sordos.

Mi participación en el libro que ya he citado tiene que ver con mi obsesionada preocupación por un concepto de modernidad que hoy, más que nunca, no sólo tiene que ver con la forma sino también con los modelos de vida, con el respeto por el medio, con la racionalización de la producción y, en suma, con el delicado equilibrio que de todas estas variables se deduce. Si cuando valoramos el pasado nuestras observaciones al respecto se inscriben en el amplio campo de la crítica especializada (arquitectónica en este caso), cuando valoramos el futuro nuestras consideraciones deben serlo en orden estratégico y su sentido la búsqueda de un modelo territorial apropiado. Sólo si ese modelo territorial es el resultado de una reflexión profunda que contemple a la vez objetivos a medio y largo plazo, emanados desde la consolidación de una identidad compatible con su inclusión en marcos geográficos mayores, sólo si ese modelo territorial adquiere la solidez suficiente como para permanecer por encima de las vicisitudes que la democráticamente saludable alternancia en el poder conlleva, podrá afirmarse que se cuenta con un modelo territorial de probada eficacia y garantía al servicio del ciudadano. Y para ello es inevitable que se cuente con un modelo compartido.

José María Lozano Velasco es catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Valencia.