El PSOE saca adelante la reforma de la Ley del Suelo con el rechazo de la oposición en bloque

El malestar fue unánime. La oposición en bloque denostó ayer la reforma de la Ley del Suelo que incorpora la posibilidad de que la Junta asuma competencias urbanísticas de los ayuntamientos que incurran en "incumplimientos graves". Tras el aguacero de críticas de promotores y empresarios, el PSOE intentó, sin éxito, autoenmendarse en el último momento y suavizar la supresión de las diferencias entre entre viviendas turísticas y residenciales. Sólo se modificó, a través de una enmienda del PP, la cesión obligatoria del 30% del suelo para viviendas de protección oficial (VPO) en urbanizaciones de baja densidad.

En el trámite de las enmiendas parciales, el PSOE había presentado tres disposiciones a su propio texto, relativas a los usos turísticos del suelo, la eliminación de exenciones en la cesión del 30% del terreno para viviendas de VPO y cambios a la Ley de Comercio. Tanto la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como los promotores pusieron el grito en el cielo con el argumento de que se daría al traste con el sector de la construcción y promoción inmobiliaria en Andalucía. Las medidas, según fuentes socialistas, no gustaron tampoco en los departamentos de Turismo y Deportes y Economía de la Junta.

Durante el debate final de ayer el grupo socialista intentó suavizar los cambios que él mismo había introducido sobre los usos turísticos del suelo mediante una enmienda in voce, pero este procedimiento parlamentario exige el consentimiento de todos los grupos e IU se negó. Y se opuso porque está de acuerdo con la modificación -de hecho, había presentado una enmienda similar-, que recoge calificar las viviendas de segunda residencia como de "uso residencial", sean o no habituales, y fija restricciones al cambio de uso turístico de alojamientos como hoteles u hoteles-apartamentos. La enmienda trata de evitar que una promotora pueda aprovechar las menores cargas que tienen las viviendas turísticas para levantar residencias que son en realidad habituales.

El diputado del PSOE Juan Antonio Cebrián, que es quien ha llevado las iniciativas de su grupo, admitió en su turno haber comedido "errores", aunque sostuvo la bondad en líneas generales de la ley. "A pesar de los errores, me siento razonablemente satisfecho, ya que el texto es mejor que el que llegó a la Cámara hace unos meses y ha recibido una valoración positiva mayoritaria de los agentes sociales", señaló.

La otra enmienda que había causado pavor en los sectores empresariales sí fue modificada, aunque a través de una enmienda del PP. Se trata de la que eliminaba las exenciones de las urbanizaciones de baja densidad (11-12 viviendas por hectárea) de destinar el 30% de sus terrenos a vivienda protegida. La iniciativa del PP, que apoyó el PSOE, permite que la cesión se realice en otras áreas distintas "si los terrenos no se consideran aptos para la construcción de otro tipo de vivienda".

Todos los portavoces criticaron con dureza la reforma de la Ley del Suelo. El portavoz del PP, Jorge Ramos, dijo que la norma será recurrida ante el Tribunal Constitucional por cuanto supone una "intromisión ilegítima e ilegal" en los ayuntamientos. El popular acusó a la Consejería de Obras Públicas de total "ineptitud", de la que responsabilizó a la titular, Concha Gutiérrez, al tiempo que atribuyó al departamento al completo un proceso de "paranoia colectiva".

Igual de afilado fue el portavoz de IU, Ignacio García, quien habló de "penoso espectáculo con peleas entre consejerías" que, a su juicio, es un síntoma del "desgobierno" de Andalucía. La andalucista Pilar González tachó el contenido de la norma de "insuficiente", además de tardío, ya que la Junta lleva "consintiendo" durante los últimos 25 años "la práctica de un urbanismo depredador" que será la herencia para generaciones venideras.

La nueva norma incorpora la posibilidad de atribuir a la Junta el ejercicio de las competencias de planeamiento urbanístico en el caso de que los ayuntamientos incurran "en incumplimientos graves que impliquen una manifiesta afectación a la ordenación del territorio y urbanismo".

Concha Gutiérrez cerró el debate con unas pocas palabras en defensa del proyecto de Ley, "que permitirá actuar con eficacia en el sector de la vivienda protegida", dijo.