El péndulo del PNV

Abriéndose paso en medio del fragor producido durante las últimas semanas por la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña, el PNV ha recordado otra vez sus pretensiones sobre el rediseño del mapa territorial del poder en España aunque introduciendo algunos nuevos matices; ETA también ha participado -a su estilo- en el debate con la explosión de cuatro bombas en varios juzgados del País Vasco y Navarra. El documento aprobado el 10 de octubre por el Consejo Nacional del PNV es el resultado de un difícil compromiso entre las posiciones moderadamente reformadoras de la corriente mayoritaria representada por su presidente, Josu Jon Imaz, y las resistencias abiertamente conservadoras del sector crítico encabezado por Joseba Egibar. Esa coexistencia de elementos contradictorios dentro del ideario del nacionalismo vasco, por lo demás, no es un dato sorprendente; en el epílogo al compendio de su documentada historia del PNV, Santiago de Pablo y Ludgeer Meer describen cómo El péndulo patriótico (Crítica, 2005) entre autonomía e independencia, moderación y radicalismo, modernidad y tradición, ha marcado la vida cotidiana del partido casi desde su fundación en 1895.

Aunque nadie pueda pronosticar a ciencia cierta si ese vaivén seguirá oscilando rítmicamente o se detendrá finalmente en alguno de los extremos, la ambigua resolución del PNV contiene elementos que permiten conjeturar el inicio de un lento viraje cuyo objetivo es cambiar el rumbo soberanista emprendido en 1998 por el pacto de Estella y proseguido hasta las elecciones autonómicas de 2005 por el plan Ibarretxe. No obstante, el documento mantiene suficientes vínculos de continuidad -explícitos e implícitos- con la doctrina oficial como para hacer factible el mantenimiento de la unidad interna del partido y el entendimiento con el Gobierno tripartito de Vitoria. En cualquier caso, el reconocimiento del "pluralismo de la sociedad vasca", no ya como "un mal menor" en impaciente espera de una definitiva homogeneización final de signo nacionalista, sino como un valor en sí mismo "consustancial, enriquecedor y positivo", implica un claro distanciamiento respecto a las discriminatorias políticas de exclusión que reservan la condición de verdaderos vascos a los militantes, simpatizantes o votantes nacionalistas.

El documento se pronuncia a favor de "(re)construir el tejido de confianza entre las formaciones políticas vascas", considera "permanentes e inevitables" los conflictos "de derechos, valores e intereses entre unas y otras identidades en juego" y exige como método de superación de esas diferencias el establecimiento de "compromisos y acomodos viables entre las partes". La novedad más importante en ese terreno son los mecanismos ideados por la resolución para proteger de manera efectiva el reconocimiento retórico del pluralismo político, ideológico y territorial del País Vasco. Es cierto que el PNV continúa dando un tratamiento equívoco a la "consulta a la ciudadanía" -decisoria para cualquier "modificación sustancial del marco de convivencia"- sin distinguir entre el referéndum confirmatorio de una reforma estatutaria previamente aprobada por las Cortes y las convocatorias alegales o ilegales organizadas desde el Gobierno de Vitoria. Pero el documento subraya, en cambio, que la "consulta a la ciudadanía" no deberá ser "un arma arrojadiza" ni una excusa de los partidos para descargar sobre la sociedad su obligación de trabajar a fin de lograr un acuerdo.

En última instancia, el propósito de ese futuro referéndum en el País Vasco sería "conseguir una mayor adhesión que la obtenida por el Estatuto de Gernika": la capacidad de superar ese listón constituiría "la piedra angular" y "la referencia básica" de cualquier futuro punto de encuentro democrático. El plan Ibarretxe requería únicamente para la validez de su referéndum la mayoría de votantes, abstracción hecha del porcentaje sobre el total y de la participación en las urnas. La transposición aritmética del nuevo compromiso del PNV exige, en cambio, que la eventual consulta popular sobre la reforma del Estatuto de Gernika iguale cuando menos los resultados del referéndum del 25 de octubre de 1979: un 90,20% de votos afirmativos con una participación en las urnas del 58,86%, esto es, el respaldo del 53,13% del censo electoral vasco.