El ex concejal de Vivienda dimite de su cargo en el PP, empujado por la presidenta

El arquitecto Sigfrido Herráez, de 41 años, que el pasado 26 de septiembre presentó su dimisión como concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y una semana después fichó por una empresa inmobiliaria, renunció ayer a su cargo de secretario de Vivienda del PP regional, según fuentes del partido. El dimisionario afirma en una carta que lo hace "por razones personales". Pero las mismas fuentes afirmaron que dimite empujado por la presidenta del PP de Madrid y de la Comunidad, Esperanza Aguirre, debido a su nombramiento como vicepresidente del grupo inmobiliario Rayet, que tiene promociones de pisos en el Ensanche de Vallecas y en Villaverde.

El comité de dirección del PP de Madrid tuvo ayer conocimiento de la decisión de Herráez durante la reunión celebrada en la sede de la calle de Génova.

El abandono del Ayuntamiento y la inmediata incorporación de Herráez a una empresa inmobiliaria, sin hacer un paréntesis, causó malestar en su partido. "Siempre pensamos que se refería a alguna empresa familiar que tiene intereses en el extranjero; nunca que iba a trabajar con una sociedad que tiene intereses en la Comunidad de Madrid", se quejó entonces Francisco Granados, secretario regional del PP.

"De Herráez depende la política de vivienda en el partido a escala regional y debemos estudiar si es conveniente que siga siendo así", señaló Granados. El dirigente popular explicó que había comentado el asunto con Esperanza Aguirre y que ésta se había mostrado "sorprendida".

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, también comentó: "Lo que Herráez me dijo cuando se fue del Ayuntamiento es que iba a ejercer como arquitecto fuera de Madrid, en otras ciudades. Lo que se ha publicado ahora [la noticia de su fichaje por Rayet] es diferente a lo que me dijo". El nuevo puesto del ex concejal molestó igualmente a los grupos municipales de oposición. La portavoz socialista, Trinidad Jiménez, y la de IU, Inés Sabanés, coincidieron en que el paso de una función pública a la empresa privada, dentro del mismo sector, es una "cuestión de ética", aunque aparentemente no haya conflicto legal.