El alcalde de Tavernes defiende a Alario y culpa a los propietarios de "enturbiar" el proceso

El alcalde de Tavernes de la Valldigna, Eugenio Pérez Mifsud, del PP, negó ayer que tanto él como su familia hayan hecho uso de información privilegiada para la adquisición de terrenos en el polígono donde Bancaja proyecta la macrourbanización de la Vall de la Mar. Un día antes trascendió que el director de Inversiones de la caja y primo del alcalde, Arturo Alario, compró junto a otros tres familiares terrenos en el citado PAI antes de hacerse público. Alario defendió ayer su inocencia y se manifestó "decepcionado" y "molesto" con la dirección de Bancaja.

Pérez Mifsud tiene terrenos en el PAI heredados y adquiridos antes de 2003

Arturo Alario negó ayer haber hecho uso de información privilegiada para la compra de unos terrenos con otros familiares en el PAI que Bancaja proyecta en el municipio. Según el director general de Inversiones, él junto a su esposa, su hermano y la mujer de éste, adquirieron cinco hanegadas de terreno en el proyecto de La Vall de la Mar porque colindaban con una propiedad suya y de sus hermanos que heredó de su abuelo.

Alario, de Tavernes de Valldigna, añadió que el dueño de los terrenos vecinos pensó en venderlos y se dirigió a ellos por si estaban interesados en la propiedad y por eso los adquirió. "Son unos terrenos que hubiera comprado con independencia de que hubiera un PAI. Están a 800 metros del mar", dijo el directivo, que está siendo investigado por Bancaja por supuesto uso de información privilegiada. El directivo insistió en que no buscó activamente estos bienes, sino que se los ofrecieron en un contexto determinado. "No tengo por qué renunciar a un derecho constitucional".

Alario dijo desconocer qué pasará hoy lunes cuando vuelva a Bancaja, pero sí se mostró "decepcionado" y "molesto" con la actitud de la dirección de la caja de ahorros cuando se conoció la operación. Según el ejecutivo, no es cierto que Bancaja conociera esta compra tras su publicación en un medio de comunicación, como decía el sábado en un comunicado público, sino que sabía de ella desde el viernes. Alario manifestó que fue precisamente el viernes cuando puso a disposición de la dirección una serie de documentos y testimonios que, según él entiende, hubieran arrojado luz al caso.

En Tavernes, el alcalde salió también ayer en defensa de Alario. Pérez Mifsud aseguró que "su actuación es intachable, desde un punto de vista legal y moral". El primer edil arremetió contra la Asociación de Propietarios Afectados por el PAI La Vall del Mar (Afecopa), que ha desvelado la operación, y lamentó que haya querido "enturbiar" interesadamente un proyecto que asegura les perjudica. La agrupación "representa al 8% del total de afectados por el PAI, y la mayoría son propietarios de edificaciones ilegales en esta zona, algunos incluso denunciados por delitos contra la ordenación del territorio". El alcalde acusó a este colectivo de utilizar "métodos mafiosos" en defensa de sus intereses particulares, restó credibilidad a la denuncia, y animó a los interesados a investigar su patrimonio y el de sus familiares.

El primer edil precisó que mantiene una relación "magnífica" con su primo hermano y aseguró que no encontró reproches a su decisión de adquirir terrenos en la zona donde Bancaja proyecta un plan urbanístico: "Su actuación ha sido absolutamente intachable, ejerció su derecho de tanteo como propietario de un terreno rústico en la zona, heredado de su familia y que comparte con varios hermanos". "Si hubiera querido dar un pelotazo urbanístico", añadió Pérez Mifsud, "hubiera buscado a una tercera persona y comprado 100 hanegadas, y no hubiera dado su nombre en el registro de la propiedad", señaló. "Desde el punto de vista moral se le puede pedir que no haga uso de información privilegiada, pero no heroicidades", abundó. Pérez lamentó también la respuesta de Bancaja, que ha anunciado la apertura de una investigación interna que podría conllevar la suspensión de funciones de Alario.

El alcalde negó que otros familiares suyos y miembros de su gobierno se hayan beneficiado de información privilegiada. Afirmó que los terrenos de su propiedad, que también posee en la zona donde Bancaja planea el citado PAI, son herencia y fueron comprados antes de las pasadas elecciones, "cuando no se conocía ni se sabía nada del proyecto". El alcalde manifestó que su hermano y un tío suyo, familia también de Alario, vendieron 11 hanegadas de terrenos de la zona, y por tanto "nadie en la familia ha comprado ni se ha aprovechado de información privilegiada".

El PAI de la Vall del Mar se encuentra actualmente en la Consejería de Territorio. La Generalitat tiene que informar si aprueba el plan, ya que la actuación supondría una modificación importante del Plan General de Ordenación Urbana, que suma cuatro millones de metros cuadrados de nueva urbanización a los dos millones que contemplaba el planeamiento urbanístico inicial.

Tras conocerse el proyecto de Bancaja, un grupo de propietarios de terrenos en la zona proyectada conformó la Asociación de Propietarios Afectados por el PAI La Vall del Mar (Afecopa), que integra a 560 personas. La agrupación presentó alegaciones en contra del planeamiento, por considerarlo "ilegal" y contrario a las directrices europeas. Fuentes de la asociación acusan al equipo del gobierno municipal de Tavernes, que dirige el PP con mayoría absoluta, de "actuar de mala fe", y de intentar cuestionarles.

La asociación asegura que fue el alcalde, al negarse a secundar una moción de la oposición que pedía que se hiciera pública la identidad de las personas que estaban comprando tierras en la zona del PAI, quien les abocó a realizar una investigación particular y acudir al registro de la propiedad para averiguar por su cuenta los datos. Consideran que ahora ha de ser la Fiscalía quien intervenga en el asunto, y determine si se han podido producir irregularidades.

En la caja se están produciendo en estos momentos movimientos en el segundo escalón directivo para ocupar el cargo que podría dejar vacante Alario. "No sé que van a hacer", reconoció ayer el directivo investigado. Alario, economista, se incorporó a la entonces Caja de Ahorros de Valencia a mediados de la década de los ochenta y en la actualidad era un hombre importante en el equipo del director general.