Atraso digital

Por primera vez en España, el martes próximo, se celebrará el día de Internet. Una jornada global que en algunos países será, un año más, una celebración y en otros una ocasión para mentalizar a ciudadanos y agentes económicos de la relevancia de la inserción en esa sociedad de la información, en la que cada día de forma más explícita se fundamenta la modernización y prosperidad de los países.

España es de los que tiene poco que celebrar. En el país con los más pobres registros de productividad, apenas el 35% de los españoles tiene acceso a Internet, frente al 45% de promedio en la Unión Europea y de más del 60% en EE UU. Cualquier otro indicador expresivo de la inserción en la Sociedad de la Información, para los que es posible el contraste internacional, no hace sino ilustrar de forma suficientemente explícita el inquietante atraso español. La inquietud que transmite ese atraso es tanto mayor cuanto más abundante es la evidencia entre la relación de las infraestructuras tecnológicas que conforman esa sociedad y la difusión de las mismas, y la capacidad para generar ganancias de eficiencia. También, para evitar esa nueva forma de exclusión social que genera el analfabetismo digital.

La OCDE y el WEF han vuelto a subrayar esa manifiesta asimetría existente entre la dimensión de la economía española

La OCDE o más recientemente el World Economic Forum han vuelto a subrayar esa manifiesta asimetría existente entre la dimensión de la economía española, de su PIB, y su modernización. Ya sea a través de los distintos indicadores de innovación, investigación, educación o del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), España se encuentra en las últimas posiciones del grupo de economías desarrolladas. Ni por el lado de la oferta ni por el de la demanda España se libra de aparecer en el furgón de cola de la OCDE, a cuya cabeza se encuentran un año más los países nórdicos. Y, como era de esperar, eso se traduce en los registros de productividad, en la capacidad competitiva de las empresas y, no menos importante, acaba informando de la toma de decisiones de inversión o desinversión de las empresas internacionales. Sectores cada vez más intensivos en ésas de sus trabajadores, observan con atención esas variaciones en la liga competitiva de las naciones.

Esas tecnologías están contribuyendo, allí donde el entorno es suficientemente propicio y la complicidad de sus Gobiernos suficientemente activa, a acelerar el desarrollo económico de forma como no lo han hecho otras tecnologías. Las TIC son baratas y fácilmente permeables; la conectividad que propician también permite que las propias tecnologías sean adoptadas por países menos desarrollados, con la única condición de que la alfabetización sea suficiente. Nunca como hasta ahora se había contado con mecanismos tan activos para la difusión del conocimiento, como los que propicia la red.

Es razonable, por tanto, que las autoridades españolas traten de apoyar esa iniciativa que en gran medida ha venido impulsada por la sociedad civil. La presencia del presidente del Gobierno en el Senado es una señal favorable, como lo sería que en la inmediata discusión parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado se identificaran las asignaciones específicas a reducir la muy importante brecha existente con las economías más avanzadas de Europa. No conviene olvidar que de la agenda de Lisboa (aquella destinada a hacer de Europa la economía más competitiva y la más intensiva en conocimiento), la inserción en la sociedad de la información era la asignatura troncal. Más de cinco años de la definición de aquellos propósitos, la alfabetización digital de España, de sus ciudadanos, de sus pequeñas y medianas empresas y de la mayoría de sus administraciones, sigue siendo la precondición para que éste sea un país moderno. Empezar por la propia Administración del Estado, como hicieron otros países, sería predicar con el ejemplo.

Ojalá que de la esperada intervención del presidente del Gobierno en el Senado pueda deducirse el definitivo reconocimiento del derecho de los ciudadanos españoles a una interlocución digital única con sus administradores públicos. Ello sería equivalente a que la Administración del Estado liderara la necesaria modernización de las administraciones públicas españolas: la mejor y más factible contribución a la mejora de la eficiencia española.