Bancaja investiga el presunto 'pelotazo' de un directivo en un terreno que urbanizará la entidad

El director de Inversiones de Bancaja, Arturo Alario, está siendo investigado por la propia entidad financiera en un caso de supuesto uso de información privilegiada, según comunicó ayer la entidad en una declaración pública. Alario, junto a tres familiares, compró terrenos en el polígono de Tavernes de la Valldigna, donde la caja proyecta urbanizar cuatro millones de metros cuadrados, un mes antes de que la entidad hiciera público el proyecto, presumiblemente para dar un pelotazo. Bancaixa, principal institución financiera valenciana, reconoció ayer como cierta la compra de estos terrenos por parte del alto directivo.

Arturo Alario compró junto a su esposa, su hermano y la esposa de éste, terrenos en el polígono de Tavernes de Valldigna donde la caja proyecta la urbanización de la Vall de Mar, una extensión de más de cuatro millones de metros cuadrados en los que prevé invertir 1.800 millones de euros. Según publicaba ayer el periódico Levante, la compra de suelo, unas cinco hanegadas de terreno, se firmó ante un notario de esta localidad de La Safor el pasado 6 de mayo, justo un mes antes de que la entidad financiera hiciera pública su intención de desarrollar el proyecto urbanístico.

Bancaja difundió ayer una declaración pública donde reconoce como cierta la información sobre la compra de terreno por parte de Alario, que lleva años al frente del departamento de Inversiones y ocupa también cargos directivos en la sociedad inmobiliaria del grupo, CISA. La entidad reconocía en su comunicado que Alario hizo estas compras antes de que el PAI se hiciese público y anunció una investigación "ante la posibilidad de un supuesto uso de información privilegiada" por parte del directivo.

Afecopa, asociación de propietarios afectados por el PAI de la Vall del Mar, ha desvelado toda la documentación oficial del Registro de la Propiedad. Según esta asociación, el alcalde de Tavernes, Eugenio Pérez Mifsud, del PP, que es primo hermano de Arturo Alario, rechazó el pasado mes de julio la propuesta de los grupos de la oposición para que el Ayuntamiento investigara las compras realizadas por entidades o particulares en la zona afectada por el PAI desde 2002. El alcalde respondió que el Ayuntamiento no debía sufragar esa investigación.