Cataluña cuenta con 239.760 funcionarios, 35 por cada 1.000 habitantes
Cataluña cuenta con un total de 239.760 funcionarios, de los cuales 143.946 trabajan en organismos de la Generalitat. Estas cifras, que se recogerán en el Libro Blanco de la función pública y que fueron avanzadas ayer en Lleida por el consejero de Gobernación, Joan Carretero, indican que hay una media de 35 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, muy inferior a la de las administraciones europeas y de otras comunidades autónomas.
Según la interpretación que hace Carretero de estas cifras, "durante muchos años" el Estado español ha invertido poco en Cataluña. "Hemos tenido que hacer los hospitales los ayuntamientos".
Fuentes de Gobernación, sin embargo, no pudieron aportar ayer las medias europeas y españolas de funcionarios para poderlas comparar con la catalana, aunque sí dijeron, también sin dar datos concretos, que les consta que en Extremadura la media de funcionarios duplica a la catalana.
Las personas que trabajan para la Aadministración local son 77.182, de las cuales 46.875 pertenecen a los ayuntamientos, 1.623 a los consejos comarcales, 4.515 a las diputaciones provinciales, 124 a entidades metropolitanas, 100 a entidades municipales descentralizadas, 689 a mancomunidades y 23.256 a entidades de gestión. Por su parte, las universidades públicas tienen 18.198 funcionarios, y los organismos parlamentarios, 434.
Carretero explicó ayer que estos datos permitirán mejorar la política en materia de función pública y determinar si se debe aumentar el número de trabajadores de la Administración catalana.
Por territorios, las comarcas que constituyen la futura veguería de Barcelona acumulan el 65,8% del empleo público. Muy lejos quedan la del Camp de Tarragona, con el 10,4%, y la del Pirineo y Aran, con el 1,7% de los empleados a sueldo de la Administración catalana.
El titular de Gobernación culpó al Gobierno central del mal funcionamiento de los ayuntamientos y recordó que el 95% de sus recursos dependen de Madrid. "Si todos los recursos que se generan en Cataluña los recaudara la hacienda pública catalana, la financiación local dependería de la Generalitat y se tendría que articular una fórmula para incrementar los recursos destinados a los ayuntamientos. Pero mientras no cambie la ley, la responsabilidad es única y exclusivamente del Estado central", sentenció.
