La Fiscalía del TSJA investiga si hay delito en el plan de recalificación del polígono de Lanjarón

El alcalde dice que la modificación es sólo una idea y defiende la acción del Tribunal

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias informativas sobre el polígono industrial que el alcalde de Lanjarón, José Rubio, del PP, pretende recalificar para construir un complejo turístico. Rubio es propietario de 15.000 de los 57.000 metros cuadrados afectados. La Fiscalía pretende averiguar si ha habido tráfico de influencias o algún otro tipo de conducta ilegal. El alcalde defendió al acción del Tribunal porque, según dijo, así se aclarará la situación. Además, advirtió de que el proyecto es todavía una idea.

El alcalde de Lanjarón mostró ayer un escrito de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se muestra que, desde que tomó posesión en 1999, no ha recalificado nada ni se ha presentado en el Consistorio ningún proyecto para recalificar ningún terreno. El pasado 7 de octubre, Rubio, en su despacho, sí se refirió a un "proyecto" en el polígono de Fuente Aporta: "Este equipo de gobierno tiene un proyecto de urbanización, complementario a lo que es Lanjarón como zona turística, de esos 50.000 metros".

José Rubio dijo que la gestión urbanística de su equipo de gobierno es irreprochable ante cualquier estamento y sostuvo que se le juzga públicamente "por tener ideas", como la de la urbanización turística en Fuente Aporta, "idea" que, según dijo, ya la tuvo en su día el alcalde del PSOE que le precedió en el cargo.

El alcalde de Lanjarón se mostró satisfecho por la apertura de diligencias por parte del Fiscal, lo que servirá, dijo, para aclarar que siempre ha actuado correctamente. La Fiscalía señala que es necesario "esclarecer o descartar... la existencia de alguna infracción con relevancia penal". En concreto, la Fiscalía se informará de actuaciones relacionadas con supuestos delitos de tráfico de influencias, actividades o negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

En la solicitud de información de la Fiscalía se advierte de que el alcalde, al ser propietario de parte de los terrenos afectados, "como es obvio, podría obtener un evidente beneficio económico con la actuación desarrollada por la Corporación Municipal".

Obras en un cortijo

En relación con la supuesta construcción de cuatro cortijos ilegales por parte de un funcionario municipal, el alcalde anunció que concederá permiso de obras sólo para un cortijo, como rehabilitación del antiguamente existente.

El promotor de los cortijos, Antonio Miguel Suárez Funes, aseguró ayer que no es "la mano derecha del alcalde", como le calificó la oposición socialista; que el solar donde se construyen los cortijos es de dos propietarios distintos, en contra de lo que él mismo señaló en un primer momento; y que la segregación de las fincas en cuatro partes no permitiría, en teoría, construir tres cortijos en cada una de las fincas desligadas de la matriz, como por error de la trascripción de las palabras de Suárez Funes, publicó este diario el martes; sino, en realidad, un cortijo en cada una de las fincas nuevas. En total, tres cortijos más la rehabilitación del antiguo.

El PP, por medio de dos de sus máximos dirigentes provinciales, mostró ayer su apoyo al alcalde y denunció una campaña de acoso. El secretario provincial del PP, Antonio Ayllón, acusó a los medios de comunicación de estar dando relevancia a esta polémica urbanística y que, por el contrario, no se investiguen otros casos, "como Atarfe, Armilla, Albolote y Motril", ayuntamientos gobernados por el PSOE y donde, según afirmó, "sí se han producido recalificaciones".

El dirigente popular acusó a los medios de comunicación de utilizar un doble rasero. Antonio Ayllón también acusó a la Fiscalía de tener el mismo doble rasero, ya que ha abierto diligencias en este caso y no en los otros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 19 de octubre de 2005.

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