Aguirre invertirá 1.000 millones en las universidades públicas

Madrid destinará el año próximo más de 1.000 millones de euros a las seis universidades públicas de la región, de los cuales un 89% -un 9,48% más que este año- serán para gastos generales. De estos 889,87 millones, un 85% (756 millones) será para investigación.

Así consta en el convenio que firmaron ayer la presidenta, Esperanza Aguirre, y los seis rectores: Carlos Berzosa (Complutense), Ángel Gabilondo (Autónoma), Javier Uceda (Politécnica), Virgilio Zapatero (Alcalá), Gregorio Peces Barba (Carlos III) y Pedro González Trevijano (Rey Juan Carlos). El acuerdo establece que la financiación a la universidad pública se incrementará cada año, hasta 2010, en 2,5 puntos sobre la subida de precios prevista por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado y que se distribuirá con criterios "objetivos y transparentes".

La finalidad de estas aportaciones, explicó Aguirre, es conseguir "una universidad libre, con suficiencia financiera y de calidad" que potencie "la autonomía de profesores y estudiantes" y en la que prime la investigación, a la que se dedica la mayor parte de los fondos del convenio. De la cantidad para investigación (85%) el 70% irá a parar a la docencia y el 30% a la actividad científica. El restante 15% se repartirá entre la financiación por objetivos (10%) y actividades singulares (5%).

Se trata, dijo la presidenta, de conseguir una universidad pública "influyente y de calidad" que debe basarse en dos bloques: la autonomía y la dotación de medios financieros para lograr los objetivos previstos. Para ello el Gobierno regional ha creado este modelo "innovador para una gestión más fácil" de los fondos universitarios que permitirá a los estudiantes elegir dónde y qué desean estudiar y a la universidad llevar adelante su capacidad investigadora según las demandas de la sociedad.

El rector de la Autónoma, Ángel Gabilondo, tomó la palabra en nombre de sus compañeros y afirmó que ayer fue "un día de fiesta" para la comunidad universitaria porque "se había dado un paso decisivo para ordenar y dotar de transparencia a la financiación" y se comprometió a rendir cuentas ante la administración "del gasto que se va a hacer".