El debate de las reformas en Ecuador desata una nueva tormenta política

Ecuador vuelve a vivir momentos críticos. El presidente, Alfredo Palacio, intenta sacar adelante una consulta popular para impulsar una Asamblea Constituyente, pero como no lo está haciendo en consonancia con el Congreso, algunos diputados, irritados con Palacio, ya piden el adelanto de las elecciones. Mientras tanto, el regreso del ex presidente Lucio Gutiérrez, que permanece entre rejas, enturbia aún más el ya borrascoso panorama político ecuatoriano.

Al asumir el poder, tras el derrocamiento de Lucio Gutiérrez el pasado 20 de abril, Palacio se comprometió a hacer profundas reformas de los sistemas jurídico y político de Ecuador. Con este objetivo, el mandatario envió hace unas semanas al Parlamento un cuestionario con 17 preguntas para realizar una consulta popular que legitime esas reformas.

Los diputados rechazaron la iniciativa, por lo que Palacio decidió, en abierto desafío al Parlamento, remitir un nuevo cuestionario directamente al Tribunal Supremo Electoral con una única pregunta: "¿Autoriza usted que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente que transforme la nación, reestructure el Estado ecuatoriano y expida la Constitución que anhela el pueblo del Ecuador; Asamblea que será elegida de conformidad con el siguiente estatuto electoral?". Palacio hizo esta jugada por decreto, con el respaldo de 50 representantes de los partidos políticos y de 50 de organizaciones sociales.

Esta acción de Palacio acabó por desatar una nueva crisis política en Ecuador. Inmediatamente, un grupo de diputados de diversas fuerzas políticas exigieron el adelanto de elecciones (el mandato de Palacio acaba en 2007). No obstante, tanto la pretensión de Palacio, como las de los diputados que quieren que adelante el fin de su mandato, requieren de una reforma política de calado.

El presidente del Congreso, Wilfrido Lucero, amenazó a Palacio con "aplicar la Constitución". Y advirtió de "que hará respetar sus atribuciones y no resignará sus facultades ni será parte de acciones o decisiones que atenten contra la estabilidad democrática del país". En otras palabras, que no apoyará la consulta popular si antes no se acuerda entre todas las fuerzas políticas. Esta declaración fue respaldada por los partidos tradicionales: Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y Democracia Popular.

En el polo opuesto, los partidos indigenistas, el Movimiento Popular Democrático (marxista) y los socialistas, optaron por dar su apoyo a la consulta y posterior Asamblea Constituyente, al tiempo que protestaron por las declaraciones de Lucero.

Para resolver el conflicto, el Parlamento se ha propuesto encontrar un punto medio: que se abandone tanto la idea de convocar una Asamblea Constituyente como la de adelantar los comicios generales. El camino del medio puede ser el de dar paso a una consulta popular políticamente consensuada para llevar a cabo una reforma profunda de todos los poderes públicos.

Mientras tanto, el depuesto presidente Lucio Gutiérrez acusó de traidor al actual mandatario -fue su vicepresidente- desde una cárcel de máxima seguridad. Mientras sus abogados presentan miles de recursos para liberarlo, Gutiérrez promete que continuará entre rejas hasta que llegue la hora de presentarse a las próximas elecciones.