La Mesa del Congreso admite a trámite el proyecto sin los informes que pedía el PP

La Mesa del Congreso aprobó al filo de las once de la noche que el Pleno debata la admisión a trámite del proyecto de Estatuto de Cataluña el próximo 2 de noviembre. Por la mañana votó rechazar la petición de los tres informes que reclamaba el PP sobre su constitucionalidad al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y al Tribunal de Cuentas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que el texto "tiene elementos inconstitucionales que hay que corregir", pero resaltó que esos fallos los reparará el Congreso: "Las cosas se debaten, se enmiendan y se votan".

La Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara baja, mantuvo ayer una larguísima reunión con dos interrupciones y que continuó por la noche para debatir si el proyecto de Estatuto de Cataluña puede admitirse a trámite como una mera reforma estatutaria o si, como defiende el PP, es una reforma de la Constitución encubierta y debe ser tratada como tal. Para defender la tesis de que el proyecto va contra la Constitución y pretende "reformarla por la puerta de atrás", el PP solicitó que se pidieran tres informes a altas instituciones del Estado cuyas competencias constitucionales quedarían mermadas, según los populares, con el nuevo Estatuto.

La Mesa del Congreso toma sus decisiones por mayoría. Así, por una mayoría de cinco sobre cuatro, rechazó por la mañana la petición de informes hecha por el PP, y por la noche dio vía libre al debate del proyecto el día 2 sin valorar su constitucionalidad. La vicepresidenta del Congreso, Carme Chacón, lo argumentó en estos términos: "No es función de la Mesa hacer de Tribunal Constitucional. Éste es un proyecto votado por el 90% del Parlamento catalán y merece un debate". Además, según ella, "en medio del trámite legislativo, no se puede predicar la inconstitucionalidad de normas que no existen".

Para pedir que la Mesa sí valorase ese contenido, el PP se apoyó en la Resolución del Congreso que regula cómo se tramitan las reformas de Estatutos y en el Reglamento del Congreso. La Resolución, en su punto 3.1, afirma que "la Mesa de la Cámara procederá al examen del texto y a la documentación remitida al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y estatutarios establecidos". El punto 3.3 añade que si la Mesa advierte "algún defecto" o que se ha "incumplido algún trámite" suspenderá la tramitación y devolverá el proyecto al Parlamento autónomo para que lo subsane. En la misma línea, el artículo 136.3 del Reglamento afirma que "si la Mesa considerase que se ha incumplido algún trámite constitucionalmente exigido o que el proyecto adolece de algún defecto de forma lo comunicará a la Asamblea que lo hubiese elaborado y se suspenderá la tramitación hasta que aquél se cumpla o se subsane éste".

Sentencias precedentes

Ése era el objetivo del PP y, para defenderlo, su diputado Gabriel Cisneros, que es uno de los padres de la Constitución, enarboló una decena de sentencias del Tribunal Constitucional que, según él, amparan la conveniencia de paralizar el trámite del proyecto como una mera reforma estatutaria. Tras la votación, proclamó: "Como ponente de la Constitución hoy tengo una profunda tristeza pues éste es el primer paso para extender el certificado de defunción a la Constitución y para cancelar la etapa más fecunda de la Historia reciente de España". Ese acta de defunción, concluyó, "se hace sin mandato del pueblo español".

El portavoz del PP, Eduardo Zaplana, subrayó por la mañana que "todas las opiniones, inequívocamente, ponen de manifiesto que el proyecto reforma la Constitución" por lo que tramitarlo como una reforma de Estatuto es "un fraude democrático y un fraude constitucional".

Le respondió el portavoz socialista. Alfredo Pérez Rubalcaba pidió diferenciar entre la inconstitucionalidad del plan Ibarretxe y la del proyecto catalán. "Mientras el plan Ibarretxe estaba hecho al margen de la Constitución, el Estatuto tiene elementos inconstitucionales que hay que corregir". Añadió que "el juicio de inconstitucionalidad no es un impedimento para debatir. Las cosas se debaten, se enmiendan y se votan".

Zaplana, en cambio, mantuvo que el proyecto "liquida el Estatuto vigente, abre una puerta a la secesión de Cataluña, logra allí la desaparición del Estado, acaba con la igualdad de los españoles y rompe con el espíritu de la Transición". El motivo, concluyó, es que "no es el PSOE quien tiene un problema llamado Maragall sino que es España quien lo tiene, y se llama Zapatero y Maragall".