El Defensor del Pueblo apoya el endurecimiento de las penas a los menores con delitos graves

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, expresó ayer su posición favorable al endurecimiento de las penas a los menores infractores responsables de delitos "extremos". Múgica difiere así de la opinión del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Bernardo del Rosal, quien la semana pasada rechazó el incremento represivo de la actual legislación y defendió la anterior ley. En un encuentro de Defensores de Pueblos regionales en Alicante, Múgica alertó de la necesidad de intervención ante la escalada imparable de la violencia juvenil.

Una asociación alerta de ciberforos donde los menores se organizan para acosar a otros

El Defensor del Pueblo fue contundente, ayer en Alicante, en su valoración sobre la decisión del Gobierno central de endurecer las penas a los menores delincuentes condenados. Para ello, recurrió al caso de la niña andaluza que fue asesinada por sus compañeras, curiosas por conocer qué se siente cuando alguien asesina. "Cuando se llega a estos extremos, hay que endurecer las penas", subrayó. Precisamente, el Síndic de Greuges lamentó, la semana pasada, que determinados "espantosos" casos "hayan condicionado" la política de menores. Del Rosal opina que el espíritu de la ley es recuperar a los jóvenes infractores y, para ello, las administraciones deben dotar de los medios adecuados para su correcta aplicación. Enrique Múgica, quien se desplazó hasta la capital para asistir a la 20 Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, avanzó que el informe en el que trabaja su institución, en colaboración con Unicef, sobre la violencia juvenil nada tiene que ver con las conclusiones que se obtuvieron en un estudio similar a finales de la década pasada. "Las cosas han cambiado y no para bien, porque estamos ante una situación realmente dura y difícil", dijo.

La jornada inaugural de ayer abordó las causas que explican el aumento de conductas violentas de niños y adolescentes. Entre los factores de riesgo se apuntó al inadecuado uso de Internet por parte de los jóvenes. El comandante del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, Juan Salom, describió cómo la visita temprana de niños a páginas de contenido pornográfico puede convertirlos en menores adictos al sexo. "A partir de ahí, se llega a otras desviaciones por la búsqueda de más estímulos, como la pedofilia". Según el coronel, empieza a diagnosticarse casos de muchachos de entre 13 y 14 años adictos al sexo. Posiblemente, estos chicos visitarán foros de pedófilos que contribuirán a reforzar su conducta. Salom apoyó su ponencia con alarmantes datos. Uno de cada tres menores reconoce la necesidad de conectarse a Internet a diario. De éstos, el 11% está enganchado, dedicándole un margen de tiempo muy superior que a otras facetas de su vida.

Los "insuficientes" códigos de autorregulación favorecen la proliferación de páginas que incitan a conductas radicales, y hacen apología del racismo y la xenofobia con total acceso para los menores. Uno de cada tres niños accede a páginas violentas, según datos de la asociación Protégeles. Si a este panorama, se suma el anonimato y la ausencia de legislación, "Internet se convierte en un campo abonado para la delincuencia". Al respecto, el coronel reprochó que los operadores se nieguen, excepto en los casos con orden judicial, a facilitar los datos relativos a los terminales desde donde se elaboraron páginas de contenido delictivo, o desde donde se contactó con la víctima. Este contratiempo dificulta el trabajo de los investigadores. El bullying o acoso escolar también tiene su hueco en Internet. Guillermo Cánovas, presidente de la asociación Protégeles, alertó de la aparición de foros donde los compañeros responsables del acoso se organizan para perjudicar a la víctima.

Otro de los puntos tratados, fue la respuesta de la administración autónoma, que tiene las competencias transferidas, sobre la adecuación de los medios para la eficiente aplicación de la ley. Sobre este asunto habló Federico Hernández, adjunto primero del Diputado del Común de Canarias. Hernández criticó la clamorosa ausencia de medios para una eficiente aplicación de la Ley del Menor.