El Gobierno acumula ya retrasos de hasta tres meses en sus respuestas al Parlamento

Con la actual legislatura apenas iniciada, el Gobierno acumula ya retrasos de hasta tres meses en un total de 26 asuntos sobre los que ha sido requerido por la oposición. El Ejecutivo tiene pendientes de responder hasta 24 preguntas que esperan contestación por escrito y otras dos peticiones de informacion documentada. Los asuntos más antiguos deberían haber sido respondidos el 21 de julio, pero todavía aguardan. Estos retrasos del Gobierno son una queja habitual de la oposición, que acusa al Gabiente de obstaculizar de esa forma la labor de control a su acción.

Los retrasos que el Gobierno acumula en sus respuestas escritas y en el envío de informaciones documentadas a la Cámara son un reproche histórico de la oposición. Recién iniciada la octava legislatura se han producido ya los primeros incumplimientos y también las primeras reclamaciones y peticiones de amparo a la Mesa de la Cámara para que exija puntualidad al Ejecutivo. Veintiséis asuntos figuraban hasta la noche del pasado sábado en el registro informático de la Cámara como pendientes cuando el plazo reglamentario para su respuesta ya se ha cumplido.

La oposición piensa que el Ejecutivo emplea estas dilaciones para obstaculizar la labor de control a su gestión. El Grupo Socialista ha sido el primero en presentar a fines de septiembre una reclamación formal, con petición de amparo a la Mesa de la Cámara incluida, para que el Gabinete de Juan José Ibarretxe cumpla los plazos que fija el Reglamento del Legislativo.

El PSE registró una segunda queja y solicitud de amparo, en menos de 15 días y sobre el mismo asunto, el pasado 7 de octubre. En ella, además de requerir el envío "inmediato" de la documentación solicitada -en esta ocasión el retraso es responsabilidad de la presidenta del Tribunal de Cuentas, María Asunción Macho-, los socialistas exigen que sea la propia Mesa la que adopte medidas "estrictas" para que se cumplan los plazos y no tengan que ser los propios parlamentarios los que deban solicitar una y otra vez el amparo del órgano de Gobierno de la Cámara.

Esta reclamación no ha recibido todavía respuesta, pero la presidenta del Parlamento, la peneuvista Izaskun Bilbao, estima que el deber de controlar si las respuestas se remiten o no dentro de los plazos exigibles es de los grupos que presentan los requerimientos. Bilbao agrega que la Mesa que ella encabeza, únicamente está obligada, de acuerdo con el Reglamento actual, a proporcionarles el amparo cuando así se lo piden.

La Cámara vasca no parece la única aquejada de este mal: en junio pasado, por ejemplo, las Cortes valencianas, con mayoría del PP y cuyo mandato empezó en 2003, tenían acumuladas unas 3.000 preguntas de la oposición, algunas con un retraso de hasta un año, pendientes de su publicación en el correspondiente Boletín Oficial. En ese momento empieza a correr el plazo de veinte días para que las conteste el Gobierno. En el Congreso de los Diputados, por contra, las preguntas se tramitan normalmente con gran agilidad y suelen publicarse en diez o quince días.

En la Cámara vasca, el atasco no se produce por retrasos en la publicación en el Boletín del Parlamento, pero el lapso en la demora del Gobierno ha llegado a ser de hasta un año también. En septiembre de 2004, cuando el Legislativo no estaba recién constituido como ahora, sino en su último tramo y funcionando a ritmo normal, la situación era similar a la actual: 29 preguntas permanecían sin respuesta, algunas desde un año antes. Un pleno celebrado a principios de octubre de 2004 incluyó en su orden del día cinco interpelaciones y cuatro preguntas, las más recientes de ellas presentadas cuatro meses antes. Las más antiguas databan de marzo de ese año.

La oposición considera que la práctica totalidad de estas iniciativas de control pierden sentido al alejarse tanto en el tiempo del acontecimiento que las motiva. A su vez, ello origina que finamente muchas sean retiradas. La anterior consejera de Educación, Anjeles Iztueta, fue la más remisa a satisfacer las demandas de la oposición. Pero era el titular de Sanidad, Gabriel Inclán, quien sigue en su puesto, el que tenía el año pasado por estas fechas la pregunta más antigua sin responder: databa de noviembre de 2001.

En lo que va de octava legislatura, el consejero de Interior, Javier Balza, es quien acumula más retrasos, con 16 preguntas pendientes, presentadas en su totalidad por el popular Carlos Urquijo. En su mayoría versan sobre homenajes y manifestaciones toleradas por el Departamento de Interior. La vicelehendakari ocupa el segundo lugar en incumplimiento, con cinco requerimientos por contestar.