El texto podrá ser enmendado tras las elecciones

La nueva Constitución iraquí no constituye un documento definitivo. Una enmienda de última hora abre las puertas a que el texto pueda ser revisado en la Asamblea que salga de las elecciones legislativas del próximo 15 de diciembre. Se trató de una concesión de los partidos chiíes y kurdos en el poder para ganar el apoyo de los árabes suníes, que hasta ese momento habían rechazado la ley de forma unánime.

El gesto logró el respaldo de uno de los principales grupos suníes, el Partido Islámico, pero resultó insuficiente para satisfacer a la mayoría de esa comunidad. Las minorías religiosas, los sectores laicos y algunos grupos de mujeres también se han mostrado críticos con el texto constitucional por distintos motivos.

El principal punto de contención sigue siendo el modelo de Estado. Para la mayoría de los suníes, así como para buen número de chiíes, el federalismo es el primer paso hacia la partición del país. Los suníes temen quedar arrinconados entre la región autónoma kurda, en el norte, y una nueva autonomía chií en el sur, ambas con recursos petroleros de los que carece su zona.

La oposición chií al federalismo está liderada por el clérigo radical Múqtada al Sáder, quien, por un lado, aspira al control chií del Gobierno central y, por otro, teme que el Gobierno regional quede en manos de sus rivales. Respecto al petróleo, chiíes y kurdos insisten en que el artículo 109 establece que es "propiedad de todos los iraquíes en todas las regiones y provincias". Sin embargo, la mención a que los Gobiernos central y regionales compartirán los "campos actuales" suscita sospechas entre los suníes de que las explotaciones futuras beneficien sólo a las regiones donde se hallen.

"Hombres y mujeres tiene derecho a participar en los asuntos públicos", votar y ser elegidos para un cargo público, garantiza el texto constitucional, que además reserva una cuarta parte de los escaños parlamentarios a las mujeres. No obstante, algunos grupos de mujeres temen que algunas concesiones a la ley islámica en la nueva legislación mermen sus derechos, en especial en cuestiones de matrimonio, divorcio y herencia. En particular, les preocupa el artículo 39, que deja libertad para que cada cual elija su estatuto personal de acuerdo con su "religión, secta o creencia". Los iraquíes laicos, así como las minorías religiosas (caldeos, yazidíes y judíos), ven con preocupación que la Carta Magna establezca que el islam "es la religión oficial del Estado" y "una fuente básica de legislación".