La privatización de las cumbres políticas

EN VARIOS DE LOS SEMINARIOS que han antecedido y se han celebrado de forma paralela a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica -lo que se denomina precumbre- ha rondado una idea: en los últimos años (fundamentalmente las dos legislaturas de Aznar), España ha perdido capacidad política frente a América Latina. La menor interlocución se ha paliado con el aumento de los intereses empresariales (que no son unidireccionales; también hay multilatinas -multinacionales de matriz latinoamericana, como, por ejemplo, la mexicana Cemex- que han invertido fuera de la zona, incluida España).

Esta sustitución de la cooperación entre Estados por la inversión empresarial es una especie de privatización de las relaciones. Hay que recordar que España tiene invertido en América Latina el equivalente al 6% de su PIB.

En las dos legislaturas de Aznar ha habido una sustitución de la influencia política de España en América Latina por intereses empresariales: una privatización de las relaciones

La región ha pasado en los últimos tiempos por distintas coyunturas: los años ochenta son la década perdida, los noventa fueron un periodo de introspección durante el cual se creyó que América Latina se haría rica a través de la aplicación del Consenso de Washington. Ya se sabe lo que ocurrió: la bonanza macroeconómica no repercutió en el bienestar cotidiano de los ciudadanos, y además, entre 1998 y 2002, se produjo otro lustro perdido. A partir de 2001 se inaugura el unilateralismo, en el que la región desapareció de las prioridades geopolíticas del planeta. Se pretende que 2005 suponga la transición hacia un nuevo periodo en el que la política y la institucionalización (sin revertir lo que de bueno tiene el Consenso de Washington, pero eliminando sus rigideces y dando un mayor protagonismo al Estado) vertebren la salida al aislamiento regional.

Además de las tesis estructuradas alrededor de una nueva agenda para el desarrollo, otras ideas han merodeado las reuniones y forman parte de un nuevo consenso; por ejemplo, la de que no hay un único factor de progreso o retroceso económico: no hay que elegir entre cañones o mantequilla, sino que las políticas económicas deben ser complementarias. O la de que la decadencia de la región se justifica mucho más por las crisis padecidas (los momentos excepcionales) que por la falta de crecimiento económico (lo cotidiano).

Según los datos incluidos en el estudio Iberoamérica, realidad frente a mito (Instituto Elcano), coordinado por Paul Isbell y Carlos Malamud, con la colaboración de Francisco Streinberg, a pesar de todos los esfuerzos realizados y del crecimiento, Iberoamérica ha perdido peso económico en el mundo desde 1980; si se excluye a la península Ibérica, la evolución es peor, sobre todo por los retrocesos ocurridos en la década y el lustro perdidos, y también por el auge del peso relativo de Asia en la economía mundial. Durante los últimos cinco quinquenios, la zona sólo ha superado el crecimiento medio mundial entre 1990-1995, cuando el promedio de su crecimiento anual fue del 3,78% (3,28% en el mundo). En el lustro más reciente, ningún país -incluyendo España y Portugal- ha superado el promedio anual mundial (4,2%).

Otra idea es que no hay que confundir el proteccionismo con crear mercados con apoyo público, como han hecho muchos países asiáticos. Todas las economías (salvo Panamá, que partía de niveles ya muy elevados) han experimentado un proceso de apertura comercial desde 1980, que se acelera a partir de las reformas económicas de los noventa. En 2004, los países más abiertos eran Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Nicaragua, Chile, Portugal y España.

Una reflexión común fue la necesidad de reformas fiscales. Los participantes se preguntaban sobre las razones del espectacular cambio protagonizado por España en el último cuarto de siglo. La respuesta la daba la OCDE en su último informe: desde 1975 hasta 2004, los impuestos pagados en nuestro país pasaron del equivalente al 18,1% del PIB al 35,1%. Con todo, la media de la OCDE (36,3%) y de la UE-15 (40,5%) es todavía superior.