El fiscal defiende la constitucionalidad de la ley de violencia de género

El Ministerio Fiscal ha informado que "no procede" el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de violencia de género promovida por el juez de lo penal número 3 de Las Palmas, Salvador Alba Mesa, al no existir "dudas razonables" que la sustenten. El fiscal explica que "no toda diferencia de trato implica discriminación" y asegura que la ley "no castiga al hombre por ser hombre".

El fiscal no comparte la opinión del juez Salvador Alba de que esa ley discrimina al hombre "por razón de sexo", debido a la, a su entender, "grave" y "peligrosa" diferenciación de las penas para agresores, según sean hombres o mujeres. La fiscalía no se ha pronunciado en otras dos cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por una juez de Murcia.

El juez de lo penal duda de la constitucionalidad de la ley, en cuanto fija una pena mayor cuando una agresión "se produzca por el autor contra quien sea o haya sido su esposa o mujer o esté o haya estado ligado a él por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia".

Según el fiscal, este precepto "no sólo no se aparta de los valores constitucionalmente tutelados, sino que persigue una mayor protección de los mismos" ya que, según la jurisprudencia constitucional, "no toda diferencia de trato implica discriminación". Así, "el trato igual a situaciones desiguales no conducirá nunca a la consecución de la igualdad, de suerte que sólo el trato desigual a situaciones de desigualdad conducirá al logro de la igualdad".

"No castiga la ley al hombre por ser hombre", dice el fiscal, sino que considera de mayor reproche la actitud del varón que somete a la mujer a una situación de auténtica desigualdad y discriminación "siendo o habiendo sido su marido o estando o habiendo estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia".

"La causa justificativa proviene, por tanto, de la mano de una realidad social que pone de manifiesto cómo la violencia del hombre contra la mujer en el ámbito de la pareja -a diferencia del supuesto contrario- constituye un problema de primera magnitud en nuestro país, que reclama políticas de igualdad dirigidas a corregir esa situación asimétrica de dominio", agrega el ministerio público.

El texto recuerda que "son las mujeres quienes, hoy por hoy, constituyen más del 90 por ciento de las víctimas de la violencia doméstica en España" y que varias sentencias del Tribunal Constitucional han avalado normas que recogían medidas de "discriminación positiva" a favor de la mujer.

En cuanto a los reparos del magistrado Alba Mesa a la existencia de juzgados específicos de violencia sobre la mujer, que se podrían equiparar a "tribunales de excepción", el fiscal replica que esa medida en modo alguno contradice la Constitución.