El abogado del Estado no ve delito en la detención de dos militantes del PP
El abogado del Estado ha negado que exista delito en la detención de dos militantes del PP de Las Rozas (Madrid) que fueron interrogados en comisaría sobre la agresión al ministro de Defensa, José Bono, en el curso de una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el pasado enero.
En un escrito dirigido al Juzgado número 14 de Madrid, el abogado del Estado pide la absolución de su defendido, el inspector de policía número 16.259, y señala que si otro juez de instrucción de Madrid estuvo cinco meses practicando diligencias y decretó el sobreseimiento provisional y no definitivo de los hechos, "es obvio que algún indicio racional de criminalidad habría en la actuación de Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz", los militantes del PP conducidos a comisaría.
El abogado del Estado asegura que las personas que rodearon al ministro en la manifestación le insultaron, amenazaron y zarandearon y resultó agredido "con un palo o barra". En las imágenes difundidas por distintas cadenas de televisión no fue posible identificar a los posibles autores, hasta que el 25 de enero se conoce la identidad de dos de los manifestantes que aparecen dentro de un círculo cerca de Bono "en actitud claramente agresiva". El primero de ellos, Isidoro Barrios, "aparecía en las distintas fotos y vídeos blandiendo un mástil de bandera con el que intentaba golpear al ministro, golpe que fue frenado por uno de los miembros de la cápsula de seguridad", dice el escrito.
La defensa añade que la "toma de declaración" de los dos militantes del PP se produjo "sin encierro en calabozos, ni huellas dactilares para ficha policial", y hasta se les permitió el uso de sus teléfonos móviles en las dependencias policiales. El abogado del Estado afirma que no hubo detención, sino lectura de derechos "que consta como hecha en calidad de detenidos por el sólo motivo de que ése es el encabezamiento que constaba en el modelo de ordenador utilizado a esos efectos".
Por estos hechos, el PP acusa a tres policías y pide para ellos penas de 10, 8 y 4 años de prisión.
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