Simancas acusa a Aguirre de "trampear" con las listas de espera
El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, reiteró ayer que ningún madrileño espera más de 30 días en ser operado en la sanidad pública. Lamela añadió que el pasado 30 de septiembre había 29.734 personas a la espera de ser operados en la región.
De ellos, sólo 9.914 (un 33,3%) son considerados por Lamela como incluidos en la "lista de espera estructural", cuya demora Sanidad atribuye al sistema sanitario y a que son los únicos que Lamela incluye en la promesa de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de reducir la espera máxima a 30 días para entrar en quirófano. En caso de no lograrlo, Aguirre se comprometió a dimitir.
Dos tercios de los pacientes pendientes de ser operados no son tenidos en cuenta por Sanidad en la promesa de Aguirre por varios motivos, lo que enfrenta al Ministerio de Sanidad y al Gobierno regional. El ministerio acusa a Madrid de ser la única comunidad en sacar de la lista de espera estructural a los enfermos a los que ya les ha sido prescrita la operación por su médico, pero que están pendientes de que les sean realizadas las pruebas preoperatorias, como la del anestesista.
El ministerio considera que Madrid incumple la normativa estatal, excluye indebidamente a 7.880 pacientes de la lista de espera estructural y afirma que la espera real de los pacientes madrileños es de 60 días, y no de 30, como afirman Lamela y Aguirre.
La presidenta y el líder del PSOE en Madrid, Rafael Simancas, se enfrentaron ayer en el Pleno de la Asamblea por este motivo. Simancas le acusó de "trampear" con las listas de espera y "engañar a los ciudadanos" y le advirtió de que la "cuenta atrás" ha comenzado. "Tiene 40 días para cumplir su promesa o dimitir", le espetó Simancas a Aguirre. El líder socialista también acusó a Aguirre de haber convertido a Madrid en la única comunidad que no sigue la normativa dictada por el Ministerio de Sanidad. "¿A quién intenta engañar?", añadió.
Aguirre sostuvo que "lo que le duele" a Simancas es que el Gobierno regional ya haya cumplido con su promesa. Afirmó que la Consejería de Sanidad cumple escrupulosamente la legislación nacional y defendió la "transparencia" con la que actúa su Gobierno. Pese a ello, Aguirre introdujo un matiz en su compromiso, al señalar que éste era "político, que no jurídico".
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