El 'caso del lino' será juzgado por un tribunal en lugar del juez penal

El denominado caso del lino, que depura las posibles responsabilidades de 18 agricultores y el ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) que presuntamente se enriquecieron cobrando subvenciones comunitarias que no les correspondían, no será juzgado por el juez central de lo Penal, sino por un tribunal de la Audiencia Nacional.

Así se deduce de la providencia dictada ayer por el magistrado José Luis Castro Antonio, que considera que las penas que llevan aparejadas los delitos por los que se acusa a los agricultores exceden de su competencia y deben ser juzgadas por tres magistrados.

El juez de lo Penal puede imponer condenas de hasta cinco años de prisión, pero no más. Curiosamente, el fiscal anticorrupción no reclama penas superiores a los tres años para los agricultores implicados, pero sí lo hacen las acusaciones particulares que representan a la Comunidad Autónoma de Aragón y a la Junta de Castilla y León.

Estas acusaciones califican los hechos como delito continuado de estafa, y solicitan seis años de prisión para los autores, y al tratarse de delito continuado, se eleva la pena en uno o dos grados, es decir, entre seis y nueve años o entre 9 y 13,5 años, respectivamente.