La Junta prepara nuevas reservas de suelo para VPO como la impugnada por De la Torre

La orden de la Junta de reservar una superficie de 100 hectáreas en la finca Soliva para la promoción de viviendas públicas que tanto ha indignado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no va a ser una medida aislada. La Consejería de Obras Públicas tiene en proyecto otras órdenes similares para delimitar unas 300 hectáreas más en las zonas de mayor expansión de la ciudad, al entender que el Ayuntamiento no atiende la gran necesidad de vivienda pública existente. De la Torre dijo ayer que si la Junta no atiende su recurso de alzada, acudirá a los tribunales.

Según el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano, la Junta "se ha visto obligada a intervenir dentro del marco normativo del que dispone para atender uno de los más graves problemas que tiene la ciudad de Málaga, que es la carencia de viviendas oficiales", y que durante dos años antes de promulgar la orden de reserva en Soliva pidió en varias ocasiones al Ayuntamiento la firma de un convenio para desarrollar actuaciones conjuntas a las que nunca respondió.

La Junta, que estima que en Málaga son necesarias entre 18.000 y 20.000 viviendas públicas, se queja demás de los incumplimientos del consistorio de los planes acordados con la Junta, según los cuales en 2004 se debían haber iniciado 1.919 viviendas y no ha podido acometerse ninguna, ni tampoco se han cumplido las previsiones de 2005. "Teníamos que actuar y rápidamente porque hay una fuerte demanda", insistió ayer el director general de la Vivienda, José Mellado.

El alcalde, Francisco de la Torre, que entiende que la decisión de la Junta es un atentado contra las competencias municipales en materia de urbanismo e incluso ha tachado la medida de "inconstitucional", anunció ayer que si la consejera no atiende el recurso de alzada que el consistorio ha puesto contra la reserva de suelo en Soliva, la impugnará en el Tribunal Superior de Justicia. De la Torre entiende además que este tipo de medidas pueden provocar ghettos y que es mejor repartir las VPO en distintas zonas de la ciudad. "Lo que estamos planteando tiene mucho sentido común y espero que la consejera sea razonable", dijo.