El Ayuntamiento de Bilbao cierra la discoteca junto a la que ocurrió el atropello mortal

El Ayuntamiento de Bilbao decretó ayer el cierre de la discoteca del barrio de San Ignacio junto a la cual falleció el sábado un joven tras una pelea. El concejal de Seguridad Ciudadana, el peneuvista Eduardo Maiz, justificó la medida por la "grave alarma social" y los "graves incidentes" ocurridos dentro y fuera del local "desde hace más de un año".

Pese a que el pasado lunes el propio Maiz había asegurado públicamente que la discoteca cumplía las ordenanzas municipales sobre aforo y horarios de cierre, ayer detalló que la Policía Municipal ha efectuado desde enero más de 60 intervenciones en dicho establecimiento, la mayoría por incumplir el horario de clausura y el resto por ruidos, alborotos y agresiones. A ellas se unen otras 39 actuaciones de la Ertzaintza, todas por altercados y hechos violentos, de las que "en la mitad han intervenido personal [de la discoteca] y clientes", afirmó.

El consistorio, que recibió las primeras quejas vecinales sobre el local hace dos años, estableció el primer dispositivo policial el pasado fin de semana. El cierre ya tiene vigencia y se realiza por medio de una suspensión cautelar de la actividad justificada por la falta de medidas de seguridad y las "sanciones reiteradas". Maiz aportó otro dato desconocido hasta ahora: en marzo se abrió al establecimiento un expediente de cierre, que quedó sin efecto pues sus gestores cambiaron de titularidad.

El edil precisó que ayer mismo presentaron otra petición de cambio de titular, pero recalcó que la "doble suspensión" decretada garantiza el cierre. Maiz aseguró que el expediente se dirige tanto contra los gestores actuales como contra el dueño de la lonja. La clausura se comunicará hoy a los gestores. Según fuentes municipales, el expediente debe concluir en un máximo de seis meses. Hasta su resolución, el local estará cerrado, salvo que los afectados recurran a los tribunales y logren la suspensión del decreto. Además del cierre por un año, se enfrentan a una multa de hasta 30.000 euros.