El Ayuntamiento reconoce irregularidades en un contrato de obras en Latina

El Ayuntamiento de Madrid reconoció ayer, en la Comisión de Control de la Contratación, que se produjeron "irregularidades" en el contrato de obras de reforma del auditorio del barrio de Aluche, en el distrito de Latina.

Entre las anomalías, denunciadas por el grupo municipal de IU ya en septiembre, figura el comienzo de las obras antes de que fuera elaborado el contrato, de tal forma que no hubo un proyecto previo de demolición o un estudio geotécnico sobre el estado del subsuelo. Dos semanas después del inicio de la demolición del antiguo auditorio, los trabajos tuvieron que ser paralizados por el estado de los terrenos.

Además, un interventor de la Junta Municipal de Latina afirmó que no podían cargarse esas obras a la partida presupuestaria utilizada. Para colmo, los planos del proyecto del nuevo auditorio están firmados por un arquitecto que no pertenece a la Junta y que es hijo del contratista de las obras, según denunció ayer el concejal de IU, Julio Misiego.

Expediente de información

El edil de Hacienda, Juan Bravo, reconoció después que el relato de los hechos que hizo IU durante la comisión era correcto y explicó que el Ayuntamiento ha decidido la apertura de un expediente de información reservada sobre la actuación de la Junta Municipal de Latina, que tramitará un funcionario de la inspección, función que pertenece a la Concejalía de Personal.

El concejal recalcó que este tipo de irregularidades es "inusual" y aseguró que con el expediente pretenden depurar responsabilidades. También anunció que ha ordenado la "suspensión de las obras" correspondientes a la segunda fase de la reforma del auditorio, que estaban a punto de ser licitadas, precisamente porque existe una "posible incompatibilidad" respecto al autor de la redacción del proyecto de esa ampliación del auditorio. "Además, he solicitado a los servicios jurídicos un informe sobre el alcance del contrato, para ver si existen causas de nulidad", agregó.

Tanto IU como el grupo municipal del PSOE reclamaron ayer en la comisión la nulidad del contrato, aunque les fue denegada. Por eso, IU ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo para demostrarla, según explicó Misiego.

También el concejal socialista, Cándido Fernández, anunció que su grupo acudirá a dicha vía "para demostrar cómo gestiona el equipo de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón".

Este edil explicó que el sistema utilizado por el Ejecutivo municipal impide a la oposición ejercer el control de sus actuaciones. Según Fernández, la oposición sólo puede llevar a la Comisión los contratos inscritos en el registro. "No podemos intervenir en los procesos previos a esa inscripción y nos enteramos de este tipo de situaciones al año de su adjudicación o cuando las obras ya están terminadas", subrayó.