El Defensor pide que se proteja el derecho a estudiar en castellano

El defensor del pueblo, Enrique Múgica, ha enviado una carta a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, para mostrarle su malestar y "creciente preocupación" ante la lesión de derechos que sufren quienes quieren usar el castellano "como lengua vehicular" y residen en comunidades autónomas con lengua cooficial. El defensor protesta porque, según relata, son cada vez más frecuentes las quejas en las que "se pone de manifiesto la nula efectividad de la opción lingüística de quienes desean recibir enseñanzas oficiales en lengua castellana", especialmente en Cataluña, Baleares o Galicia.

Múgica sostiene que en la práctica los alumnos cuya lengua familiar es el castellano o los que llegan a estas comunidades procedentes de otras se ven obligados a estudiar en otro idioma, "quedando sin efectividad alguna en el ámbito de la enseñanza su libertad de opción lingüística".

Dos niños sordos

La carta se centra en el caso concreto de Cataluña, donde ni siquiera se informa a los padres de los derechos lingüísticos de sus hijos. Y detalla un caso extremo en esta comunidad, de dos hermanos de 5 y 10 años, sordos de nacimiento, que tienen instalado un implante coclear, cuya lengua familiar, la que conocen, es el castellano. Ambos van a un colegio público de Cataluña y reciben el apoyo de un logopeda durante cuatro horas semanales. Asegura el defensor que, a pesar de la insistencia de los padres para que esas clases especiales las reciban en castellano, la Administración catalana impone que se llevan a cabo en la lengua cooficial.

"Es decir, que a dos niños sordomudos se les impone el mismo régimen de inmersión lingüística que a los demás alumnos, cuando parece evidente que el apoyo logopédico prestado en una lengua que desconocen no contribuye en absoluto a paliar su deficiencia, les dificulta el proceso de aprendizaje y les impide el logro de los objetivos que corresponden a las etapas educativas que deben cursar", explica.

La conclusión de la experiencia de esta institución es que existe "una progresiva minoración de las libertades y derechos lingüísticos de quienes optan por el uso del castellano, quedando así en entredicho el ejercicio del derecho a usar esta lengua que a todos reconoce el artículo 3 de la Constitución, el cual también proclama el deber de todos de conocerla".

Múgica pide en la carta que la ministra se ocupe de garantizar estos derechos a través de la nueva Ley Orgánica de Educación, ahora en discusión en el Congreso.